http://www.kclibertaria.comyr.com/lpdf/l098.pdf
domingo, 23 de septiembre de 2012
lunes, 17 de septiembre de 2012
domingo, 16 de septiembre de 2012
Oswaldo Garrido: GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA. (1999-2012).
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS AVANZADOS
DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO
ESTRATÉGICO
Ante-proyecto de tesis
Doctoral.
GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN
DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA. (1999-2012).
Autor: Soc. Oswaldo Garrido, Msc.
Tutora: Dra. Haydée Ochoa Henríquez
Maracaibo,
Septiembre de 2012.
GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA. (1999-2012).
ESQUEMA:
INTRODUCCIÓN.
1.-
El problema.
2.- Justificación.
3.- Objetivo general y Objetivos específicos.
CAPITULO I.
4.- REFLLEXIONES TÉORICAS:
4.1.- Una distracción necesaria:
la participación de los ciudadanos y las ciudadanas.
4.2.- El momento
de la participación de los trabajadores y las trabajadas.
4.3.- Acercamiento teórico a las empresas públicas.
CAPITULO II.
5.- RECORRIDO
HISTORICO DEL OBJETO:
5.1.- El capitalismo rentista petrolero venezolano
como reflejo del sistema-mundo capitalista.
5.2.- EL DESARROLLISMO: PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS:
5.2.1.- 1958-1974: Modelo económico sustitución de
importaciones.
5.2.2.- 1958-1975: Las empresas públicas en el modelo
de sustitución de importaciones.
5.2.3.- 1975-1979: El <<boom >>petrolero. Empresas
públicas.
5.3.- 1979-1989:
MODELO NEOLIBERAL: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS:
5.3.2.- Primera aleada del
modelo de desarrollo neoliberal.
5.3.2.1- Participación de
los trabajadores y trabajadoras en las empresas públicas/ gobierno de Luís
Herrara Campins.
5.3.3.- La segunda oleada
neoliberal: Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera.
5.3.3.1.-
consideraciones generales sobre el planteamiento neoliberal.
5.3.3.2.- 1989-1993: Segundo Gobierno de Carlos Andrés
Pérez. Avanzada neoliberal.
5.3.3.2.1.- Participación de
los trabajadores y trabajadoras en las empresas públicas/Segundo gobierno de
Carlos Andrés Pérez.
5.3.3.3- 1994–1999: Paradigma
neoliberal durante el Segundo Gobierno de Rafael Caldera.
5.3.3.3.1- Privatización de las
empresas públicas/Segundo gobierno de Rafael Caldera.
5.3.3.3.1.1.- La privatización en
el estado Zulia.
5.3.3.3.2.- Participación de
los trabajadores y trabajadoras en las empresas publicas/Segundo gobierno de
Rafael Caldera.
ABRIENDO LAS PALABRAS:
“Y
como por todas partes (lo mismo que María a su Jan) las mujeres le calentaban
los cascos a sus hombres -<< ¡Y
no
vuelvas a casa hasta que hayan bajado los precios!>>- la huelga de los
trabajadores del puerto y del astillero se extendió hasta el día siguiente a
Gdansk y Dgynia, a Szczecin y Elblag, a lo largo de la costa polaca del
Báltico. Los ferroviarios y otros se unieron. Hasta las chicas de la fábrica de
chocolate Baltic. Como las directivas locales de los sindicatos no
participaron, se formaron espontáneamente comités de huelga, se eligieron
consejos de trabajadores. No sólo había que anular la subida de los precios. Se
pedía también la autogestión obrera: el viejo, profundo, necio, hermoso e inextirpable
sueño de poder decidir por sí mismos.”
“En
los astilleros Lenin de Gdansk se aumentaron rápidamente, antes de que la
milicia comenzara sus controles, las
exigencias de la cantina. Lo hicieron de noche. A la mañana siguiente llegaron
de todas partes, de los suburbios, de Ohra y del Troya, de Langfuhr y
Neufahrwasser, quizás cincuenta mil trabajadores y amas de casa. Desfilaron
ante la estación central y se congregaron ante la sede del partido Comunista.
Allí, como no había mucho de que hablar, cantaron varias veces la Internacional.
Solo donde estaba Jan (un poco separado de María) se
discutía, porque Jan estaba lleno de ejemplos históricos que no podía guardarse
para él. Como siempre, comenzó por los antiguos pomerelios: por Sambor,
Mestuino, Svantopolk y la
Damroka de los bellos bucles. Hasta allí escucharon los
trabajadores del astillero, pero cuando Jan se desbordó, se perdió en el
laberinto de las reglamentaciones gremiales medievales y comparó las
reivindicaciones de asiento y voz en los consejos de pie y sentados de los
oficios menores con la actual reivindicación de autogestión obrera, los
trabajadores no lo escucharon más.”
“Entonces
la masa cantó una vez más la
Internacional. Sólo María, que estaba
apartada, vio a su Jan hacer la labor de agitación con conciencia histórica:
sin oyentes ahora, envuelto en un bocadillo de tebeo. María tenía la cabeza
ligeramente ladeada y en torno a su boca había una contracción a la que faltaba
poco para ser sonrisa.”
El rodaballo.
Günter Grass.
Pág. 691-692.
INTODUCCIÓN:
El modelo
económico instituido en Venezuela en a finales de la década del cincuenta,
caracterizado por industrialización por sustitución de importaciones, sostenido
por enormes inversiones producto de la renta petrolera, permitió el nacimiento
de una gran red de empresas publicas en aquellas áreas que por su elevada
inversión no fueron atractivas para el
sector privado, pero que eran fundamentales para el proceso de modernización y
para la acumulación de capital del capitalismo configurado por las relaciones
económicas internacionales, cuyo rasgo principal era la demanda energética por
las potencias que emergieron victoriosa de la Segunda
Guerra Mundial en plena dinámica de expansión.
Producto de esta
iniciativa se configura el aparato empresarial público, con una importante red de
empresas orientadas a satisfacer la demanda interna, diversificar la producción
y afirmar una creciente autonomía en las decisiones económicas, políticas y
sociales, ya que las empresas privadas asociadas al capital transnacional
poseían como característica principal la
asociarse en relaciones monopólicas y oligopólicas.
Desde el punto
de vista, en virtud, del sistema político de conciliación de intereses, el
modelo de gestión que se instituye en las empresas publicas venezolanas, la
cuenta del nacimiento y consolidación del modelo burocrático populista, el cual
centraba una importancia excesiva de la burocracia, y la utilización de las
empresas publicas con la finalidad de construir lealtades políticas.
El modelo de
sustitución de importaciones por industrialización, consideraba que la herencia
económica, política y social del viejo modelo constituía un contra-freno al
naciente proceso de desarrollo esbozado
en la teoría estructuralista impulsada desde la CEPAL.
Es ese sentido,
las viejas relaciones económicas sociales propias de la sociedad tradicional,
se consideraba como las causantes del rezago del desarrollo las cuales
requerían ser superada para generar condiciones favorables para un proceso de
acumulación capitalista que privilegiaba el crecimiento desde afuera.
La teoría
estructuralista, cuestionaba la teoría económica clásica liberal, que planteaba
la necesidad de un Estado mínimo, las regulaciones producidas por la mano
invisible del mercado, la producción de riqueza por parte del sector privado.
En cambio el estructuralismo suponía la presencia de un Estado fuerte que
interviniera en la economía para orientarla hacia los fines del desarrollo
nacional, el deterioro de los términos de intercambio y el aprovechamiento de
las ventajas comparativas para la inserción en el comercio internacional más
justo y equilibrado.
En ese sentido,
el Estado que propugnaba la teoría cepalina, constituye Estado fuerte, que intervencionista
en la producción de bienes y servicios, a la vez que con sus distintos aparatos
daba repuesta a las demanda de la sociedad. Este Estado devino en un Estado de
bienestar, que incluye entre sus funciones la protección de las libertades individuales, un Estado de derecho, que coloca su énfasis
en los derechos como los
económicos, políticos, sociales y culturales.
El modelo de
sustitución de importaciones por industrialización, demanda por tanto, un
acuerdo entre las elites con la finalidad de ganar legalidad, legitimidad y
gobernabilidad, es así, que el 1958 que los principales Partidos políticos
tradicionales, firma el Pacto de Punto Fijo[1]
(Acción democrática, Unión Republicana Democrática y Comité de
Organización Política Electoral Independiente), inaugurando el Sistema político
de conciliación de intereses o Sistema político de cohabitación entre las
clases.
Los
objetivos del Pacto de Punto Fijo se a <<grosso modo>> contenía los
siguientes puntos: Defensa de la constitucionalidad y del derecho a
gobernar conforme al resultado electoral, gobierno de unidad nacional. Esto es,
considerar equitativamente a todos los partidos firmantes y otros elementos de
la sociedad en la formación del gabinete ejecutivo del partido ganador y
programa de gobierno mínimo común. El
programa de gobierno común enarbolaba el modelo de democracia representativa
como la máxima aspiración de la sociedad venezolana. Pactos similares
fueron firmados con el sector militares, los empresarios, los trabajadores y la alta cúpula eclesiástica, en
cuanto actores sociopolíticos.
Los antecedentes
de la fundación de Acción Democrática lo constituyó la Agrupación Revolucionaria
de Izquierda (ARDI) fundada en
Barranquilla por Rómulo Betancourt y
exiliados venezolanos en 193.
A este partido siguió en 1936 el Movimiento de
Organización Venezolana (ORVE), que una vez disuelto dio paso al Partido
Democrático Nacional (PDN). En 1941, finalmente surge Acción democrática en
torno a la candidatura presidencial de Rómulo Gallegos, siendo sus fundadores
además de él: Rómulo Betancourt, Andrés Eloy Blanco, Luís Augusto Dubuc, Juan
Oropeza Riera, Gonzalo Barrios, Leonardo Ruiz Pineda, Jesús Ángel Paz
Galárraga, Luís Beltrán Prieto Figueroa y Carlos (Chicho) Herrera. Su
constitución se realizo en un acto
inaugural en la Plaza
Nuevo Circo de Caracas.
La Unión Republicana Democrática (URD), partido político de centro izquierda,
fundado el 18 de diciembre de 1945. Nace como un partido basado en las doctrinas democrática
revolucionaria. Su consigna originaria fue "por pan, tierra y libertad".
Entre sus fundadores se destacan Elías Toro, Isaac Pardo, Jesús Leopoldo
Sánchez, Andrés Otero y Amílcar Plaza. En marzo de 1946 ingresó a esa Jóvito Villalba. Fortalecida por haber ganado
el plebiscito promovido por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez.
El Comité de Organización Política Electoral
Independiente, conocido como Partido Socialcristiano, con una
filosofía política basada en la
ideológica humanismo cristiano. Sus antecedentes son Partido Acción
Nacional y la conservadora Unión Nacional de Estudiantes (UNE), su crecimiento
primario se desarrolló en la década de 1940 en los estados andinos, Táchira,
Mérida y Trujillo, donde la iglesia
católica poseía una fuerte presencia.
En cambio la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción de Venezuela (Fedecámaras) es fundada en 1944, conformada
por empresarios de todos los sectores económicos del país. Esta organización
esta agrupa a 13 sectores económicos, a saber: comercio y servicios, industria,
construcción, turismo, financiero, seguros, agrícola, pecuario, minería,
energético, transporte, telecomunicaciones y medios de comunicación. Posee una
red nacional, constituida por las Fedecámaras Regionales que totalizan 23
organizaciones estatales.
Los trabajadores desde 1937 de habían agrupado
en Confederación Venezolana de Trabajadores -CVT. El nombre actual fue tomado en el II Congreso
de 1947. Para 1959, cuando se celebra el
III congreso, CTV vive un momento de mayor unidad entre las distintas fuerzas
sindicales, por tanto se considera este congreso re-fundacional. Esta unidad
duró poco, la división interna de Acción Democrática, cambió la correlación de
fuerzas en el seno de la CTV.
Este acuerdo
entre los actores sociopolíticos fundamentales, configuro el sistema de
conciliación de intereses de clases, y el Estado el espacio de la condensación
de las pugnas de las distintas fracciones que reclamaban su parte de la renta.
Pero también, facilito y sentar las bases para el bipartidismo. Ambos proceso
le dieron forma a la partidocracia o al estadocracia.
En ese sentido,
las políticas públicas constituían el mecanismo mediante el cual los
distintotes actores sociopolíticos tenían acceso a la distribución de la renta
petrolera. En un proceso que
burocratizado y clientelita, sobre las cuales giraban las mediaciones entre
Estado y sociedad.
En el modelo
económico de sustitución de importaciones por industrialización, las políticas
públicas fueron de corte universalista, maximizando las condiciones y
oportunidades para los sectores y las clases que poseían poder de movilización
socia. El sostén filosófico de esas consideraciones fueron plasmada en la Constitución de 1961.
En este
contexto, las políticas de participación de los trabajadores y trabajadoras en
las empresas públicas venezolanas, formalmente
en la Constitución
de 1961, reconociéndose en su texto la
libertad sindical y acogiendo el Sindicato como el instrumento de mediación
entre los trabajadores y trabajadoras y patronos. Del mismo modo, en ley del trabajo en Venezuela de 1946, y en sus sucesivas
reformas.
Finalmente,
la política de participación de los trabajadores y trabajadora en las empresas
públicas se materializa con la Ley sobre Representación de los Trabajadores en los Institutos Autónomos, Empresas y Organismos de Desarrollo del Estado, promulgada el 11 de Junio de 1966, su
reforma realizada el 28 de Agosto de 1969. Regularizada por el Reglamento de la Ley sobre Representación de los Trabajadores en los Institutos Autónomos, Empresas y Organismos de Desarrollo del Estado, el 27 de Abril de 1975.
Es
desde este momento, cuando comienza ha realizarse experiencias de cogestión en
un contexto de avanzada de la primera oleada neoliberal, sobre todo, en las
empresas básicas venezolanas y en especial en el holding ferroso, aluminico y
eléctrico de Guayana.
Pero a pesar,
del avance en materia de participación de los trabajadores y trabajadoras
impulsadas desde este marco legal, en la realidad esta participación se
caracterizó por ser una participación restringida en virtud de los procesos de
mediación basados en la representatividad. Representación que configuro un
proceso de elitización de las practicas los sindicatos, secuestrados por los
partidos políticos tradicionales y la creación de cúpula sindical separada del
resto de los trabajadores.
A finales de la
década de los setenta, el agotamiento
del modelo de sustitución de importaciones por sustitución de importaciones,
trajo consigo un proceso de ruptura, abriendo las puertas a la corriente de
pensamiento neoliberal. Modelo económico-político, que ocasionó un quiebre de
los viejos acuerdos, implementándose los Programas de Ajuste estructural en sus
dos versiones: Programa de Ajuste Estructural recesivo y Programa de Ajuste
Estructural con Crecimiento.
Bajo este modelo
económico, las políticas públicas sufren un giro de 180 grado, dejan de ser de
corte universalista e igualitarista, dando paso a una concepción de políticas
publicas sectoriales y focalizadas, con el pretexto de compensar a los grupos
sociales mas vulnerables producto del modelo de desarrollo neoliberal.
Se habla
entonces, de Nueva Gestión Publica impulsada desde los Organismos Internacionales
como El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el caso venezolano
desde la COPRE se potencian la
concreción de sus postulados.
Desde la concepción de Nueva Gestión Publica se promueve el
proceso de descentralización y de privatizaciones de importantes empresas
públicas.
La crítica a las
empresas públicas se fundamenta, esencialmente a su bajo desempeño, y por la
alta inversión que realiza el Estado para su mantenimiento. En lugar de ello,
idealiza el sector privado como generador de riqueza, términos como el de
eficiencia, productividad, competitividad, sinergia, calidad total,
meritocracia y reingeniería constituyen categorías utilizadas por la retórica
de los técnicos. En este periodo se concreta el modelo tecnocrático en las
empresas públicas que han quedado en manos del Estado Venezolano.
En materia de
participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas publicas,
se destaca la Ley Orgánica de prevención, condiciones y
medio ambiente de trabajo, publicada en la
Gaceta Oficial No. 3850 Extraordinario del 18 de julio de
1986. Mediante esta ley se instruye a los trabajadores y trabajadoras para la conformación
de los Comité de Higiene y Seguridad Industrial, con la finalidad de salvaguardar las
condiciones de Prevención, Salud, Seguridad y
Bienestar en el Trabajo. También contempla otras formas de participación como los Comité de promoción de servicios sociales y demás organismo paritario o tripartitos a los fines de la ley.
Bienestar en el Trabajo. También contempla otras formas de participación como los Comité de promoción de servicios sociales y demás organismo paritario o tripartitos a los fines de la ley.
Pero es 1990, cuando se
aprueba la primera ley orgánica del trabajo, en este documento se reconocen todas las normas que regulaban
las relaciones sociales de producciones, como la libertad sindical y la
representación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Necesario
agregar que con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), se produce una ampliación de la representación de los trabajadores y
las trabajadoras en la gestión de las empresas públicas.
A pesar de esta ley, la participación de los trabajadores
permanece aun en su condición de representatividad, en manos de los sindicatos,
sindicatos debilitados por la ruptura de la tecnocracia neoliberal con los
viejos acuerdos. Sin embargo, como parte del esfuerzo de la tecnocracia
publica, se estaca la conformación de la Comisión Tripartita
durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, la cual obtuvo como resultado la
eliminación del carácter retroactivo de las prestaciones sociales de los
trabajadores y trabajadoras.
En 1999, el triunfo de Hugo Chávez, la aprobación de la Constitución
Bolivariana de Venezuela, y el rumbo político que ha tomado
el país, dado que la gestión de las políticas de participación de los
trabajadores y las trabajadores se definen en función de la construcción
colectiva del socialismo, el problema toma mayor importancia dado el carácter
participativo y protagónico de la democracia bolivariana.
En el campo de las ciencias
sociales venezolanas, los grandes estudios que se han realizado han centrado su
atención al abordaje del movimiento sindical aisladamente como maquinas
petitorias de reivindicaciones socioeconómica de los trabajadores y
trabajadoras en el contexto del proceso de acumulación capitalista, por tanto
una visión integrada de la relación de los trabajadores y tragadoras en las
empresas publicas son escasa, cuando se articula a los proceso de toma de
decisiones, organización y comunicación en estas empresas del Estado.
Por tanto, dado el proceso
de transformación estructural que discurre en sus contradicciones, donde el
tema de la participación de los trabajadores y trabajadoras son parte de los
postulados de la filosofía constitucional bolivariana y punto de la lanza del
proceso de democratización de la propiedad de los medios de producción en un
modelo de desarrollo endógeno socialista, la compresión de ese fenómeno pudiera
dar cuenta para mejorar sustancialmente las políticas de esa naturaleza, elevar
el desempeño de los aparatosos del Estado relacionados a la producción de
bienes y servicios para darle repuesta al encargado de la sociedad, constituye
un nudo critico de no solo de los científicos sino que también de los
operadores políticos y del naciente poder popular en construcción.
La compresión de dicho
proceso, constituyen una necesidad dado el curso histórico que vive el
país en la actualidad y un desafió responsable para los científicos
sociales involucrados con la
transformación estructural que ocurre, para que una vez visualizado el
desarrollo se conciba un marco teórico y practico para la explicación critica
de dicho fenómeno de gestión.
A partir de las reflexiones anteriores, esta investigación
tiene como objetivo darle repuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuál es
la gestión de las políticas públicas de
participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas públicas
del municipio Maracaibo del Estado Zulia en el periodo que va desde 1958 hasta 2012?
.
En ese sentido
esta investigación se justifica:
Desde el punto de vista epistémico el abordaje de la
gestión de las políticas de participación de los trabajadores y trabajadoras en
las empresas publicas, se justifica en el siguiente sentido:
Desde el punto
de vista teórico, la gestión de la
participación de los trabajadores y trabajadores en las empresas publicas,
constituye un viejo tema en el marxismo duro, sobre todo en el proceso de la Revolución de Octubre
con la figura de los Soviet, en Europa alcanza importancia a través de los
Consejos de fabrica. En el caso Venezolano, dada la raíz del modelo político de
conciliación de intereses de clase, instruido por el modelo de democracia
representativa a partir de 1958, la participación de los trabajadores y las
trabajadores en el gobierno de las empresas publicas ha sido un aspecto
periférico, de escasa motivación para los estudiosos de las ciencias sociales.
El quiebre histórico de los paradigmas económicos y políticos, el tema de la gestión de la política de
participación alcanza esencialmente importancia, ya que la Constitución
Boliviana de Venezuela, estable como fundamento el Estado de
derecho y de justicia social, que aunado a los principio de participación y
corresponsabilidad abren una importante fisura dentro del nuevo modelo de
desarrollo endógeno socialista. A demás la nueva Ley Orgánico incorpora la
figura de los Consejos de los trabajadores y abre las puertas para reglamentar
estrategias de participación como el control obrero, la auto-gestión y la
cogestión, fundamento de la democracia socialista en las empresas públicas.
Por tanto se plantea la necesidad de un esfuerzo
desde la teoría crítica que de cuenta de ese proceso experencial vivido el
devenir histórico de gestación de los trabajadores y las trabajadoras, política
de participación que busca significación, para dar cuenta de la realidad que
discurre, en un mundo carente de referentes teóricos explicativo de la
necesidad de la transformación no solo de las practicas del movimiento sindical
sino de las figuras organizativas emergente en el contexto de la radicalización
la cambio estructural que sucede en el medio de un sistema-mundo-capitalista
periférico, instituido en sus dimensiones objetivas y subjetivas.
Desde el punto de vista metodológico,
también se requiere un esfuerzo sostenido desde las ciencias sociales para la
elaboración de referentes metodológicos que
eleve y mejore la participación de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas publica, que tribute a
resolución al encargo de la sociedad para el elevar la calidad de la gestión en
lo publico y la acción política para la
democracia popular en las empresas publicas y el buen vivir como marco
fundamental a un país que construye una ruta histórica en la democracia participativa
y protagónica.
Desde el punto
de vista social, el proceso de re-planteo de las políticas de participación
de los trabajadores y los trabajadores, permitirá dar un salto cualitativo en
la transformación en las formulación y ejecución de las políticas publicas y
del modo de producción instruido desde 1958 por acuerdo de las elites
económicas y políticas en el poder para abrir paso a un proceso de
participación que descentralice y desconcentre el poder para ampliar las
oportunidades y las condiciones en un contexto de justicia social, equidad e
inclusión.
Proceso de transformación que tiene como actor
socio-político fundamental a los trabajadores y las trabajadoras en un momento
de desarrollo del modelo capitalista, y que dado la inserción de Venezuela en
el sistema mundo-capitalista, el proceso de transformación requiere el
acompañamiento de ese sector vinculado a la producción, distribución y consumo
de los bienes y servicios necesarios para la vida en sociedad, cuando se
produce una gran iniciativa nacional para transformar el viejo modelo
productivo sustentado en las relaciones sociales de producción capitalista por
un sistema económico socialista destinado a satisfacer las necesidades de la
sociedad en crecimiento y complejidad.
Desde el punto de vista practico, dotar
al ejercicio de la participación de los trabadores y trabajadoras de las
empresas publica permite configurar una nueva racionalidad no instrumentista
(des-racionalizar lo racionalizado por el capital y des-sujetar al sujeto del
tiempo del capital rescatando como fundamento del cambio metabólico de las
relaciones sociales de producción capitalista), comprendida como un tipo de
relación social en un contexto de transformación estructural socialista dentro
de ética colectiva que centralice lo humano para hacer frente a los dilemas y
los grandes retos históricos.
Entre los
objetivos que se persiguen esta:
3.- Objetivo
general y Objetivos específicos:
3.1.- Objetivo
general: Explicar la gestión de las políticas de participación de los
trabajadores y trabajadoras en las empresas públicas del municipio Maracaibo
del estado Zulia. (1999-2012).
3.2.- Objetivos específicos:
3.2.1.-
Caracterizar el proceso de formulación de las políticas de participación de los
trabajadores y trabajadoras en las empresas públicas del municipio Maracaibo
del estado Zulia. (1999-2012).
3.2.2.-Caracterizar
las políticas formales de participación de los trabajadores y trabajadoras en
las empresas publicas.
.3.2.3.-
Examinar la política real de participación de los trabajadores y trabajadoras
en las empresas públicas.
3.2.4.-
Caracterizar los modelos de gestión de las políticas de participación de los
trabajadores y trabajadoras en las empresas públicas.
3.2.5.- Elaborar
una propuestas transformadora para la gestión de las políticas de los
trabajadores y trabajadoras en las empresas públicas en un contexto socialista.
Esta
investigación pretenden hacer avanzar la teoría en relación a la gestión de
participación de los trabajadores y trabajadores en las empresas publicas, con
la producción de conocimiento, mediante
la construcción de categoría, conceptos, definiciones, esquemas y relaciones.
Por otro lado, permitirá construir análisis, contrataciones, comparaciones y
explicaciones que den cuenta de los cambios devenidos en relación a la gestión
de la política de participación de los trabajadores y trabajadores en las
empresas públicas.
Desde la
perspectiva metodológica, con esta investigación se pretende construir
explicaciones analítica y-critica en torno a la gestión de la política de
participación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas públicas. Las
argumentaciones construidas producto del manejo de las fuentes se confrontaran con teoría de diversos
autores para alcanza el objetivo propuesto.
Es estudio, se
estructura a partir de hitos o nichos de quiebres en el discurren del que afecten las políticas de participación de
los trabajadores y las trabajadoras en las empresas publicas, buscando en esas
coyuntura argumentaciones del tipo económico, políticos, sociales y cultural
que de cuenta del fenómeno como parte de un entramando de relación social de
producción. Para la recolección de la información se procederá de la siguiente
manera: a) informantes
claves del Ministerio del Poder popular para el trabajo. b) Miembros de las
distintas formas de organización de los trabajadores en las empresas públicas.
Asimismo se tomarán muestras de los trabajadores y trabajadores en general de
estas empresas; c) documentos oficiales
(resoluciones, decretos, normativas, entre otros) promovido desde el Ministerio
del poder popular para el trabajo.
A demás, las técnicas de
recolección de información primaria a utilizar para el estudio de la gestión serán la observación
directa y las entrevistas semi- estructuradas, por cuanto aporta información
esencial del desarrollo y contradicciones del fenómeno social en cuestión
Para el
estudio de la Gestión
se tomará como campo de observación al estado Zulia, se centrara la atención en
las diferentes empresas públicas localizadas en el municipio Maracaibo, ya sean
nacionales, regionales o municipales.
CAPITULO I.
4.- REFLEXIONES
TÉORICAS:
4.1.- Una distracción necesaria: la participación de los ciudadanos y
las ciudadanas:
En Venezuela el término participación implica
dos ámbitos fundamentales. Por tanto es necesario distinguir la participación
ciudadana y la participación de los
trabajadores y trabajadoras en la dirección y la toma de decisiones de las
empresas públicas.
En termino general la participación de cuenta de
según el diccionario Pequeño Larousse de "
la acción y efecto de
participar. Aviso, noticia o parte.
Tener parte de algo". Participar es formar parte en algo, ser escuchado y
poder comunicarlo.
No obstante, la categoría participación de
los ciudadanos y ciudadanas, amerita mas profundidad conceptual, deviene una perspectiva jurídica y
politológica, vinculada al conjunto de derechos derivado de un orden legal y
del sistema político frente a la distribución del poder y el grado de
influencia que tiene el ciudadano sobre la toma de decisiones y la agendación
de los problemas sociales locales o sectoriales.
En la tradición
jurídica liberal burguesa la categorías se sitúa y se tensiona como un aspecto
de la norma instituida para orientar las relaciones sociales y formalizar las
acciones de los grupos que conforman la sociedad.
Por tanto la
categoría participación de los ciudadanos y ciudadanas, da cuenta de los
procesos vinculantes de los ciudadanos y ciudadanas con las instituciones de
mediaciones políticas nacionales, regionales y locales.
A partir de la
institucionalización de la democracia representativa en la década de los
cincuenta, la participación ciudadana asume las características de la
representación, proceso mediante el cual un individuo o grupo de individuos
presentan los intereses de un sector, comunidad o grupo al resto de la sociedad
expresada en sus instituciones.
Este proceso de
mediación/representación se materializa con el derecho al sufragio, el voto en
el sistema político de cohabitación de clase, se transforma en el instrumento
mediante el cual el ciudadano y la ciudadana dotan de legitimidad a dicho
sistemaza, con la finalidad que pueda ejercer la gobernabilidad sobre la
sociedad.
En ese sentido, la Constitución de 1961,
estableció el sufragio como fundamento de la democracia representativa,
mediante el cual el poder originario se transfería delegativamente a los
representantes seleccionados por votación directa y secreta, siendo esta una
obligación de los venezolanos. El no ejercicio de este derecho transformado en
una obligación conllevaba a consecuenciales civiles y penales.
Del mismo
modo, la Ley Orgánica del
Sufragio y Participación Política que aprobada el 1998, formalizó y reglamentó
el sufragio fundamento de la democracia representativa. Según el artículo 85º
de la Ley Orgánica
del Sufragio y Participación Política todos los venezolanos mayores de
dieciocho (18) años, no sujetos por sentencia definitivamente firme, a
interdicción civil, ni a condena penal que lleve consigo inhabilitación
política, tienen el derecho y están en el deber de votar en las elecciones que
rige esta Ley para los poderes públicos que correspondan a su lugar de
residencia. Los miembros de las Fuerzas Armadas no ejercerán el sufragio
mientras permanezcan en el servicio militar activo.
Es necesario
destacar que sufragio y voto en los actos de habla cotidianos se emplean como categorías equivalentes, pero en la doctrina se marcan
diferencias entre ellos. Para algunos autores como P.L. Bracho (2006:122) “el
voto representa el acto mediante el cual se concreta el ejercicio del derecho
al sufragio”
Según José María Pino Méndez (2012), citando a Bobbio, en un artículo publicado en la red,[2]
esta se fundamenta en dos principios. Por un lado, la democracia es el
“ejercicio en hacer gobernable el espacio público que compartimos todos. Hablar
de gobernabilidad democrática es redundante: la gobernabilidad proviene de la
aceptación mayoritaria de la sociedad a los actos de autoridad, que se derivan
de la legitimidad y de la legalidad del Estado”. Por otro lado, el gobierno
sobre el espacio publico, implica que
“el pueblo elige y el pueblo juzga y no hay un juez más severo”. Pero el límite
de la voluntad de la mayoría se encuentra contenido por cuanto la “democracia
es la participación y el respeto a las minorías, a las que se les debe
garantizar el derecho de convertirse en mayorías y gobernar: no olvidemos que
el sufragio de las mayorías origina al gobierno, pero no es garantía de su buen
desempeño”.
Ahondando en la
significación de la cita de este autor, la participación del ciudadanazo en la
democracia representativa, a través el voto como herramienta fundamental, no podía ser de otra manera, ya que la
representatividad constituye el
mecanismo mediante el cual el sistema
político agrega los intereses de las clases en pugna.
En el caso
venezolano, la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la experiencia
vivida durante la democracia representativa solo pudo ser canalizada mediante
la figura de los partidos políticos tradicionales e instituciones intermedias
como los Cabildos abiertos y las Juntas de vecinos, que estuvieron vigentes al
inicio del siglo que discurre.
A finales de la
década de los setenta, la participación de los ciudadanos y las ciudadanas
sobre lo publico, con la avanzada neoliberal, toman otra orientación, el
sufragio continuara siendo el instrumento de expresión política, con el nacimiento del la COPRE, esta asume otra
orientación, desde el enfoque neoliberal.
Desde la COPRE, se potencia el
proceso de descentralización, con una visión y la autonomista y la
transferencia de los mecanismos de participación de los ciudadanos y las
ciudadanas desde el denominado Tercer sector[3],
que comprende un conjunto de organizaciones sociales privadas que se
encargarían de establecer el vínculo entre la sociedad y el Estado.
Es a partir de
1999, cunado comienza a producirse un quiebre no solo en la filosofía y el
paradigma que organiza lo político y la política, tomando una nueva
significación la categoría de participación es visibilizada en el papel
protagónico del ciudadano y la ciudadana.
El cambio más
significativo se hace notar con la aprobación
por votación popular la Constitución
Bolivariana de la Republica de Venezuela, la cual marca el
nacimiento del constitucionalismo
Bolivariano, donde la participación es el despliegue del poder originario y la base de la
soberanía.
En este contexto
se habla de poder popular y enpoderamiento. Se re-sitúa la categoría pueblo con
una enunciación dentro de un contexto socialista. Producto de este cambio se
promueven formas de organizaciones sociales como los Comité de tierra, Mesas
técnicas de agua y los Consejos comunales.
Este viaje
teorético tangencial se hace con dos propósitos, Por un lado, exponen que la
participación de los ciudadanos y las ciudadanas es una categoría insuficiente
para abordar la categoría de participación de los trabajadores y las
trabajadoras, y por otro lado, constatar que el grado de de desarrollo y
madurez de la participación de los ciudadanos y ciudadanas constituyen una
valiosa experiencia valiosa para elevar para la participación de los
trabajadores y las trabajadoras en las empresas publicas. O vista con una lupa
contraria, como el desarrollo y calidad de la participación de los trabajadores
y las trabajadoras duden potenciar la
participación de los ciudadanos y ciudadanas en el gobierno de lo
publico, ya que amabas categorías son indicadores esenciales de la calidad de
la democracia.
4.2.- El momento de la participación de los
trabajadores y las trabajadas:
En tanto la categoría participación de los
trabajadores y trabajadoras en las empresas, surge en las periferias y los
vértices de las teorías jurídicas y politológicas liberales burguesas, al
calor de las lucha de los obreros y obreras en procura de la conquista del
poder político, las reivindicaciones socio-económicas y el tema de la
democratización de los medios de producción en la sociedad capitalista. El
marxismo duro y el marxismo abierto han realizado importantes contribuciones.
El ensayo
socialista desarrollado en Europa del
Este, Asia y Amerita Latina realizado
importantes contribuciones a la categoría participación de los
trabajadores en la dirección de las empresas públicas. Pero es durante el
Gobierno de Salvador Allende en Chile en la década de los setenta, donde la
participación de los trabajadores y
trabajadoras en las empresas ocupadas y nacionalizadas se transforma una
categoría esencial para la construcción del socialismo por la vía democrática.
Obviamente, para
el marxismo la participación de los trabajadores y las trabajadoras se ubica en
un momento importante y fundamental en la lucha de clase, que expresa la
contradicción entre el proceso de acumulación capitalista centrada en la
propiedad privada de los medios de producción y el trabajo en su producción.
Es necesario
destacar que mientras la participación de los ciudadanos y las ciudadanas ubica
su área de actividad en relación a los distintos niveles del aparato público en
sus tres niveles, la participación de
los trabajadores y las trabajadoras en las empresas públicas define y desarrolla su estrategia en función
de la propiedad de los medios de producción, sostén del modelo de acumulación
del sistema-mundo-capitalista.
Por tanto, la
participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas pública se
aparentan con la necesidad del cambio estructural de la sociedad, aun cuando la
corriente del reformismo social postula que la lucha de los trabajadores y las
trabajadores debe estar orientada ha alcanzar mejoras reivindicativas mediante
los procesos de reforma política.
Carlos Marx
(2003: 33), en su análisis de la
Comuna de Paris, ensayo del primer autogobierno de los
obreros, ocurrida 18 de marzo al 28 de mayo de 1871 en Francia, señalaba, los
comuneros debía su derrota a la escasa importancia dada por sus dirigentes al
proceso de nacionalizar la banca y tomar/ocupar las nacientes fabricas, y
asumir la vía legislativa como instrumento para aplastar la contrarrevolución.
Luís Gil de la Villa (1980: 657),
puntualiza que el estudio de la participación de los trabajadores y las
trabajadoras en las empresas públicas, en su sentido más amplio abarca diversas
modalidades. Distingue la participación
activa cuando el trabajador o la trabajadora orientan sus acciones
transformadoras desde una asociación. La participación integradora, cuando los
trabajadores o la trabajadoras actúan en la sociedad motivado por valores
comúnmente compartidos o propuesta por quienes ostentan el poder y finalmente
distingue la participación ideológica para dar cuenta cuando la participación
de los trabajadores y las trabajadoras se ciñen a una propuesta programática o
plataforma política.
Otra ruta
definitoria interesante de la categoría de participación de los trabajadores y
las trabajadoras la aporta Alexander
Texeira de Freitas (2006), quien plantea que puede ser Directa, cuando el
trabajador y la trabajadoras contribuyen o tienen la capacidad de influir en la
toma de decisiones o asume funciones en la dirección de las empresas publicas. Indirecta, cuando los trabajadores o trabajadoras representan a sus
representantes no forman parte de la dirección de las empresas publicas, sino
que su papel es la de realizar presiones para influir en las decisiones que
afectan los intereses de los trabajadores y trabajadoras. A demás, puede ser,
la participación solo en las decisiones estratégicas de las empresas publicas o
también, la participación en el reparto
del poder dentro de las empresas con la posibilidad de incorporar sus intereses
en la toma de decisiones de las empresas publicas.
Asimismo, la
participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas publicas, para
José Luís Delgado (1977: 66) la participación de los trabajadores y las
trabajadoras pueden clasificarse de este modo: Unitaria cuando la
representación de los trabajadores involucra a todos los trabajadores de la empresa
pública, en este caso El Estado,
formalizada las funciones y reglamenta las funciones. En este caso, el
número de representante se saca en proporción al porcentaje de trabajadores y
trabajadoras que posee la empresa pública. Y plural cuando la participación de
los trabajadores y trabajadoras establecen representación a través de
organizaciones sindicales.
Una
aproximación radical para darle
enunciación a la categoría la realiza Rob Lyon (2010) partiendo de la
contradicción de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en
relación con la propiedad de los medios de producción. Según este activista
obrero, la participación pude ser de confrontación cuando los intereses
de los trabajadores y las trabajadoras entran en contradicción con el proceso
de explotación y propugna un cambio en
las relaciones sociales de producción y sus acciones están orientadas hacia la
conquista del poder político. De
cohabitación se clase cuando por determinadas razones políticas y
económicas la coyuntura histórica los obliga a actuar en un orden legal
instituido.
Y finalmente de cooperación, cuando
observa y tras evaluar que su papel en la producción y la distribución dentro
de las empresas publicas pueden potenciar las transformaciones económicas y
sociales que reivindique sus intereses como clase explotada.
Pero la
participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas públicas
solo se cristalizan y materializan en las manera como esta clase social se
organiza para alcanzar sus objetivos sectoriales o programáticos.
Para las teorías
de corte social reformadora, esta mediaciones de los trabajadores y
trabajadores solo es posible por la conformación de sindicatos, el cual es una
agrupación de trabajadores y trabajadoras que se agrupan orientados por
intereses comunes.
En ese sentido,
es necesario destacar, que partiendo del dilema urbe-ruralidad estos sindicatos pueden ser de sindicatos de fabricas para denotar el desarrollo industrial
alcanzado en las urbes y, sindicato del
campo para dar cuenta de la manera como se organizan los trabajadores y
trabajadoras que realizan sus tarea teniendo como medio de producción esencial
la tierra.
La tradición
social reformadora de la participación de los trabajadores y trabajadoras en
las empresas públicas fue incorporada a la legislación venezolana en la constitución de 1961 y las Leyes
orgánicas del trabajo y sus sucesivas formas parciales.
Siguiendo este
orden de ideas, la Ley
orgánica del trabado, publicado en la Gaceta Oficial Nº
5.152 Extraordinario de 19 de junio de 1997, señala en su Artículo 410, que
los sindicatos pueden ser de trabajadores; y de patronos. A demás en su Artículo 411, señala que los
sindicatos de trabajadores, a su vez pueden ser: De empresa; profesionales; de
industria; y sectoriales, ya sean de comercio, de agricultura o de cualquier
otra rama de producción o de servicios.
La propia Ley en
su Artículo 39, aclara
que un trabajador o trabajadora es la
persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y
bajo la dependencia de otra.
Del mismo modo, es su Artículo 49, señala que patrono o empleador es la persona
natural o jurídica que en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena,
tiene a su cargo una empresa, establecimiento, explotación o faena, de
cualquier naturaleza o importancia, que ocupe trabajadores, sea cual fuere su
número.
En el Artículo 412, que entiende por sindicatos de empresa los integrados por
trabajadores de cualquier profesión u oficio que presten servicios en una misma
empresa, incluyendo sus sucursales, ubicadas en distintas localidades y
regiones.
En el Artículo 413, se definen los sindicatos profesionales los
integrados por trabajadores de una misma profesión u oficio, o de profesiones u
oficios similares o conexos, ya trabajen en una o en distintas empresas.
En el parágrafo único de la
sección segunda del Título VII, concerniente al Derecho colectivo del trabajo
que podrán constituir sindicatos profesionales las personas que desempeñen
profesiones u oficios no dependientes.
En referencia al Artículo 414, los
sindicatos de industria serán
los integrados por trabajadores que presten sus servicios a varios
patronos de una misma rama industrial, aun cuando desempeñen profesiones u
oficios diferentes.
En su Artículo 415, se destaca que los sindicatos
sectoriales son aquellos los integrados por trabajadores de varios patronos de
una misma rama comercial, agrícola, de producción o de servicio, aun cuando
desempeñen profesiones u oficios diferentes. Finalmente en cuanto el ámbito de su territorialización, en el Artículo
416, se señala que los
sindicatos podrán ser locales, estadales, regionales o nacionales.
Es necesario resaltar que en el
caso de las empresas `publicas, el patrono lo constituye el Estado en expresión
de su aparato público, quien realiza la coordinación de la sociedad, orientan
la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios que estas
empresas aportan para satisfacer la demanda de la sociedad.
El quiebre
histórico ocurrido en 1999, del cual ya se ha hecho mención, en la
Ley Orgánica del trabajo de los
trabajadores y trabajadores promulgada el 7 de mayo de 2012 por el presidente
de la Republica, no solo
rescata la libertada sindical y el papel del sindicato como parte de la
democracia obrera en las empresas, sino que lo amplia al incorporar los Consejo
de los trabajadores como instancia organizacional y de gestión de los
trabajadores y las trabajadoras en su papel protagónico en las empresas
publicas.
Como novedad la Ley orgánica del trabajo de
los trabajadores y trabajadoras, al igual como esta plasmado con rango
constitucional la revocación del mandato a los funcionarios públicos por
elección popular, la dirigencia sindical podrá ser objeto de un proceso
revocatorio. En esta Ley, se establece que los Consejos de los trabajadores y
las trabajadoras deben regirse por una ley especial.
La participación
de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas públicas, organizados en
sindicatos o Consejos de trabajadores y trabajadoras en relación a la propiedad
de los medios de producción, se materializa a través de las estrategias
del Control obrero (total o
parcial) y cogestión.
Según Casiano
Díaz Durán (2011) la categoría control obrero tiene sus antecedentes históricos
en los planteamientos de Carlos Marx y Federico Engels con la elaboración del programa de lucha que les
encomendara el II Congreso de la
Liga de los Comunista en 1848, posteriormente conocido como El Manifiesto del Partido Comunista, y
en el cual se fundamenta de modo científico la misión histórica del proletariado
como transformador revolucionario de la vieja sociedad, artífice del nuevo
régimen y exponente de los intereses de todos los trabajadores.
Pero es Vladímir Ilich Lenin en su obra, “Las tesis de abril” (1997: 14-17) en la cual define magistralmente el papel de la clase obrera en la etapa de transición del capitalismo al socialismo. Al igual que Marx y Engels, considera en su tesis No. 4, que el papel de los obreros como sujeto histórico para el cambio social. Es esta tesis expone su idea fundamental del Poder obrero, condición necesaria de la construcción del socialismo.
En su tesis No. 8, aludiendo la Revolución rusa plantea: “Nuestra tarea inmediata no es solo la “implantación del Socialismo” (…), “sino también la instauración del Control de la producción y distribución de los productos por los soviets”.
En esta tesis, Lenin plantea la necesidad que los medios de producción se encuentren bajo el control de los obreros con la finalidad de revertir la propiedad de los medio de producción e iniciar de ese modo la transformación estructural socialista.
León Trotsky
(1938:15) explica que “Las tareas inmediatas del control obrero
deben ser poner en claro el debe y el haber de la sociedad, empezando por las
empresas individuales; dilucidar de qué parte de la renta nacional se apropian
los capitalistas individuales y los explotadores en su conjunto; poner al
descubierto los tráficos y estafas entre bastidores de los bancos y los trusts;
finalmente, revelar a todos los miembros de la sociedad el desorbitado derroche
de trabajo humano que resulta de la anarquía capitalista y de la pura y simple
persecución del lucro” (…) “Sólo los
comités de fábrica pueden llevar a cabo un verdadero control de la producción,
recurriendo como consejeros, no como “tecnócratas” a especialistas sinceramente
entregados al pueblo: contables, estadísticos, ingenieros, científicos”
Agrega León Trotsky (1938:17) “La ejecución de
un plan económico, aun el más elemental desde el punto de vista de los
explotados, no de los explotadores es imposible sin el control obrero, es
decir, sin que la mirada de los obreros penetre en todos los resortes, visibles
y escondidos, de la economía capitalista. Los comités representativos de las
empresas individuales deben reunirse en conferencias para elegir los
correspondientes comités de trusts, de ramas enteras de la industria, de
regiones económicas y, finalmente, de la industria nacional en su conjunto. De
este modo, el control obrero se convierte en escuela de economía
planificada. Sobre la base de la experiencia del control, el proletariado se
preparará para la administración directa de la industria nacionalizada cuando
llegue el momento”.
Condensando la idea de Trotsky, se puede decir que el Control obrero, es la expropiación de la
producción por parte de los obreros a la burguesía, previamente organizados y
con un plan económico, cuyo centro es la nacionalización de los medios de
producción y la eliminación de los sindicatos al servicio del capital.
A partir de
estos referentes teóricos, se puede afirmar que el Control obrero forma
parte del poder obrero y la democracias de la empresa publica socialista,
mediante el cual los trabajadores y las trabajadoras asumen su papel de sujeto
histórico de la transformación, enmarcado en un programa económico que haga
posible el transito del capitalismo a las formas de relaciones sociales
socialista, puestos al servicio de la sociedad toda.
La categoría
cogestión, en su definición pragmática y etimológica significa co-decisión con los trabajadores y
las trabajadoras en las en la toma de decisiones en la gestión de las empresas.
Para
Yoselyn Bermudez Abreu y Cesar Predes Espot (2006:304), la co-gestión
comprende variados niveles, lo que hace complicado conceptualizarla y darle un
sentido totalizador, por cuanto cada línea doctrinal se aproxima a su
definición de acuerdo a sus premisas básicas.
Según Maria
Bernardoni y otros (1999: 669) la
co-gestión remite a procesos tan variados y complejos, describe en directrices
generales a procesos de representación
paritaria (co-gestión calificada) o a la
representación minoritaria (co-gestión simple) de los representantes de los
trabajadores y las trabajadoras en los órganos de control o la administración
de las empresas para su co- vigilancia o en los órganos de dirección para su
co- dirección.
Partiendo de
esta idea la co-gestión pu8de ser calificada cuando el número de los
representantes de los trabajadores y las trabajadoras es equivalente al número
de los representantes de los patronos o administradores. Y es co-gestión simple
cuando el número de los trabajadores y trabajadoras es inferior al número de
los representantes de los patrones o administradores.
En cambio
para Ernesto Krotoschin (1972: 270) la co-gestión supone el proceso de
integración de los órganos administrativos
y la fiscalización de las actividades de las empresas por parte de los
representantes de los trabajadores y trabajadoras, que en calidad de
co-directores, co-deliberan y co-deciden en todo lo que a la empresa se
refiere, que pertenecen en sus competencias a los órganos de dirección.
Para
redondear la idea, Angenpress (2005) plantea que la co-gestión remite al manejo
compartido o presencia accionaría de los trabajadores y las trabajadoras en
todos los procesos de las empresas. Por tanto la co-gestión abarca desde gerencia y la apropiación de su producto por
parte de quienes están involucrados con los procesos.
De igual
modo, estos planteamientos son enriquecidos por
Antonio Perpiña (1991) para quien la co-gestión puede ser de distintos
tipos dependiendo de la participación de los trabajadores y trabajadoras en los
procesos de toma de decisiones. Se destaca entonces, que la participación
co-gestionaría puede ser de información, expresada como el derecho que
poseen los trabajadores y trabajadoras de poseer información sobre los procesos
y asuntos de la empresa. De consulta,
que da cuenta de la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras se
contribuir con la empresa a través de sugerencia y consejos a los
administradores. De veto a las decisiones que tomen los administradores
que sean contrarias a las sugerencia realizada por los trabajadores y las
trabajadoras. Y finalmente de co-decisión, siendo esta el mayor grado de
desarrollo de la co-gestión, ya que corresponde a la representación de los
trabajadores y trabajadoras disponer, resolver y concluir al igual que los
administradores, seleccionar los procesos técnicos, económicos y sociales para
alcanzar los objetivos que tiene la empresa por su naturaleza.
En ese
sentido, se entiende por co-gestión un tipo de relaciones sociales de
producción, basada en un proceso de corresponsabilidad entre los trabajadores
/trabajadoras y los patronos/administradores en los procesos que
desarrolla en la gestión de una empresa,
que no afecta la propiedad de la misma.
La propiedad que se alude, la propiedad de los medios de producción. El Diccionario
marxista (1971) definen como la
propiedad de los medios de producción como: “Todos aquellos elementos
que participan en el proceso productivo, a excepción de la fuerza de trabajo:
el objeto sobre el cual se trabaja, los medios con que se trabaja y la
actividad humana utilizada en el proceso”.
4.3.- Acercamiento
teórico a las empresas públicas:
En esta sesión no introduce al debate sobre la
naturaleza jurídica de las empresas públicas, en cuanto son de naturaleza
privada o publica por su constitución, ya que el autor considera ese debate
superado por el devenir histórico y el grado de avance que en este campo se
realizado en la ultima década.
En ese sentido dice Jesús Caballero Ortiz () “Cuando
se hable de empresas públicas se prescinde de las formas jurídicas de
constitución (organismos autónomos o sociedad); se hacer referencia
fundamentalmente a la actividad económica que realiza, independientemente de su
finalidad”.
También se consideran como empresas públicas,
aquellas empresas donde el Estado posea mayoría accionaría, que participa en el
mercado produciendo bienes y servicios, los cuales esta destinado a satisfacer
las necesidades de la sociedad. Por su territorialización pueden ser empresas
públicas nacionales, regionales y municipales.
Estas empresas públicas obedecen a tu tipo de
racionalidad, insertada en un modelo económico instituido y a
las medicaciones derivadas del sistema político donde operan, ambos proceso
orientan el tipo de actividad económica, su relación con el Estado y el resto
de la sociedad. Por tanto es fundamental abordarla como un tipo de relación
social de producción, que se encuentra predeterminada por el modo de producción
donde discurren sus actividades.
En estas
empresas públicas se produces procesos de gestión: organización, toma de
decisiones, control y comunicación entre los diversos actores socio-políticos
que intervienen en el proceso productivo, por tanto sus modelos de gestión
obedecen a los fundamentos teóricos que
suele darle orientación y sentido a dichos procesos.
Las empresas
públicas mantienen permanentemente estrecha relación en su interior y con el
resto de la sociedad, estas medicaciones pueden ser de los tipos económicos,
políticos, sociales u ideológica-culturales.
Las
mediaciones económica, las cuales comprenden conjunto de actividades que
realiza el hombre, en relación con su naturaleza, a través de su trabajo destinadas producir bienes necesarios para su vida en sociedad.
Estas relaciones por tanto, comprende todas aquellas relaciones que establecen
los hombres entre sí y con la naturaleza que le permiten el uso racional de los recursos de los que dispone, y que son
escasos.
Mediaciones Políticas, la vida en sociedad
impone a los hombres relacionarse para vivir en comunidad, este construyen
explícita o implícitamente objetivos para esa vida social y múltiples medios
para lograrlos. Son relaciones que se
establecen en orden a la determinación de los objetivos de la sociedad, por otra elabora posibles dinámicas de evaluación y reacomodo de objetivos y medios, que se expresan como relaciones políticas. Estas relaciones abarcan todos los niveles de la
vida individual y colectiva de los hombres. Siendo el medio por excelencia
para lograr los objetivos sociales el poder.
Y las mediaciones Ideológico-Culturales, la más importante característica del ser
social es su capacidad y necesidad de
representar al mundo a través de ideas y de producir procesos culturales, es
decir, representaciones recrean un mundo
material, a través de ser
significaciones y comunicarlo en forma
simbólica. Este comprende el conjunto de
ideas, representaciones sociales, actitudes y modos de orientación ante el mundo, la sociedad, el hombre, la
política, la economía. Del mismo modo abarca
el conjunto de normas y leyes destinadas darle sentido a la vida sociedad. Las
relaciones ideológico-culturales sirven para identificar a un grupo,
para cohesionarlo y vincular profundamente a sus miembros en torno a un mundo
de vida.
Estas mediaciones se vinculan con la gestión y los
modelos que siguen las empresas públicas en un contexto económico, político,
social y cultural determinado, entramado social que depende del modo de
producción social donde pervive, ya sea capitalista o socialista.
Haydee Ochoa H. (1995: 125-149)
distingue dos modelos de gestión aplicados en las empresas públicas venezolanas
a partir de la institucionalización del sistema político de conciliación de
intereses, bases de la democracia representativa establecida a partir de 1958: el modelo burocrático populista y el
tecnocrático.
El modelo burocrático populista coincide con la
institucionalización de la democracia representativa y la implementación del
modelo de sustitución de importaciones, el cual implico un vigoroso proceso de
nacimiento y consolidación de empresas públicas, para potenciar el proceso de
acumulación basado en la actividad petrolera.
Según Haydee Ochoa (1997: 76) el modelo burocrático
populista se caracteriza por proceso de cohabitación de clase, una distribución
del producto derivado de la renta petrolera y un elevado gasto social orientado
a la construcción de las necesidades del modelo de desarrollo instituido. El
modelo burocrático populista agrega lo intereses de las distintas clases
sociales por la mediación de los Partidos políticos tradicionales frente al
Estado.
Según la autora (1997: 76), las características
fundamentales del modelo burocrático
populista son:
- Una política de gasto social sostenido orientado a
la redistribución de la riqueza, con la finalidad se sentar las bases y las
condiciones para el proceso de acumulación.
- Satisfacción de las demandas de las distintas
clases sociales con la finalidad que no utilicen su poder social contra la
naciente democracia representativa.
- Una escasa atención a los costos y a los criterios
de dirección dándole primacía a los propósitos y no a la eficacia.
- La socialización de un discurso orientado a la creación de expectativas de
igualitarismo, bienestar social, justicia y libertad.
- Tendencia y apego a la norma, basada en la
representación carismática.
Papel preponderante de los partidos políticos
tradicionales en los diversos procesos de mediación.
- Finalmente, la presencia de un Estado fuerte, que
interviene en las distintas actividades del la economía.
A principio de los ochenta el modelo burocrático
populista comienza a mostrar señales de
crisis producto del agotamiento del modelo de sustitución y el rumbo que tomando por el proceso de acumulación
internacional. Esta crisis que afecto el proceso de consolidación de las
empresas publicas, significo también un proceso de desaceleración y cambio de
timón, privilegiando al sector privado.
El agotamiento del modelo burocrático populista,
significo la paulatina instauración del modelo tecnocrático, producto de la
apertura de la economía al modelo neoliberal, el cual postula una disminución
del Estado, reducción del gasto social,
medidas de corte monetarista, privilegio a la iniciativa privada
(privatizaciones) y flexibilización de las regulaciones laborales.
Del mismo, el modelo tecnocrático se nutre del
pensamiento económico liberal, descentralizad, eficienticismo, el mercado, la competencia y de reforma del Estado iniciados.
El actor socio-político fundamental del modelo tecnocrático lo constituye
el tecnócrata, el cual se eleva sobre el resto de la sociedad, y realiza los
procesos de gestión vertical orientada por proceso y objetivos.
En el ámbito de las empresas públicas este modelo de gestión ha germinado
como tecnocracia publica. El rasgo fundamental según Haydee Ochoa (1997: 74),
es que su racionalidad so se expresa en la búsqueda de una mayor rentabilidad
como el sector privado, sino
alternativas que favorezca el crecimiento económico, al cual se subordina el
bienestar social.
El modelo tecnocrático en las empresas públicas, el advenimiento del
discurso con procesos de eficiencia, gerencia, calidad total, reingeniería,
competencia, ventajas comparativas, tercerización, Estado mínimo, ciudadanía,
gobernanza moderna, buen gobierno y tercer sector.
La aplicación del modelo tecnocrático vino aparejada con un desmontaje de
la expansión de la actividad empresarial del Estado, a través de un fuerte
proceso de privatización de las empresas publicas.
En al ámbito relacionados con los trabajadores y trabajadoras, el modelo
teocrático aboga por la reducción de su numero y formas de contratación
flexibles periféricas que no generen compromisos compensatorios para las empresas
públicas.
CAPITULO II.
5.- ESTUDIO DE LA REALIDAD CONCRETA.
5.1.- El capitalismo rentista petrolero
venezolano como reflejo del sistema-mundo capitalista:
El desarrollo de
la formación histórica del capitalismo venezolano se encuentra vinculado a dos
procesos estructurales simultáneo que permitieron la configuración de la
sociedad moderna de cara a un sistema-mundo-capitalista internacional.
Según Immanuel Wallerstein (1984: 69)
el sistema-mundo-capitalista al contrario de los otros sistema-mundo, ha
logrado totalizar y racionalizar las relaciones sociales modelada por las
estructuras económicas instituidas. La explicación que arguye el autor, es
que “Es una entidad económica pero no
política, al contrario de los imperios, las ciudades-Estado y las
naciones-Estado. De hecho, precisamente comprende dentro de sus límites (es
difícil hablar de fronteras) imperios, ciudades-Estado, y las emergentes
<<naciones-Estado>>. Es un sistema <<mundial>>, no
porque incluya la totalidad del mundo, sino porque es mayor que cualquier
unidad política jurídicamente definida. Y es una <<economía-mundo>> debido a que
el vínculo básico entre las partes del sistema es económico”.
Agrega Immanuel Wallerstein (1984:71) En ese sentido el orden
social que nace, configura las otras las dimensiones políticas, jurídicas y
sociales, tanto que existe una dinámica histórica dialéctica
del cambio inevitable, en virtud que “las estructuras económicas son los
arrecifes de coral de las relaciones humanas, que tienen una existencia estable
durante un período relativamente largo de tiempo. Pero las estructuras también
nacen, se desarrollan y mueren”.
Los
sistemas-mundo que mueren son aquellos que no pudieron asumir los grandes
cambios que ocasionó la
Revolución industrial, con el emplazamiento de una nueva
racionalidad económica, caracterizada por el nacimiento de la fábrica y la
salarización del trabajo, en un contexto de urbanización de la vida. Este
proceso disloco las viejas tradiciones comunitarias y colectivistas de los
sistemas-mundos que antecedieron a la formación histórico-social capitalista.
Carlos Marx
plantea (1978:43.) La
razón para justificar la totalización del orden social es “el dinero
transformado en mercancía se apodera del alma humana (practicas sociales) y la
tiraniza como un demonio. El dinero es el que compra a los hombres y el trabajo
de éstos”. Es un sistema de esta naturaleza es escasamente para el desarrollo de relaciones sociales
propicias para un trabajo productivo en sintonía con el crecimiento personal y
colectivo.
Carlos Marx, (1978:67.) agrega “La fuerza-trabajo, productora de las mercancías, se cambia y se compra como otra mercancía cualquiera y obedece a las mismas leyes del mercado, olvidando que detrás de ellas hay un hombre, con su familia: el proletario. Este proletario es libre, pero si no vende su trabajo se muere de hambre. Vende su capacidad de trabajo, pero ésta es una cualidad personal, y no se puede vender aisladamente; por esto una vez hecho el contrato entre capitalista y trabajador, éste, con toda su personalidad y sus necesidades, pasa a manos del otro”
Venezuela en el contexto del sistema-mundo-capitalista se configura como sociedad por la dialéctica histórica centro-periferia, pero esta dinámica se desarrolla con mayor vigor por la presencia de la riqueza petrolera y la prefiguración de un tipo de sociedad modelada desde las elites sintonizadas con el proyecto modernizador del sistema-mundo-capitalista.Por otro lado, se destaca que el nacimiento del sistema político venezolano, que toma forma con el Estado liberal burgués, implica condiciones necesarias para la formalización y legitimación de las relaciones sociales capitalista, apoyada con los recursos provenientes de la actividad petrolera, que dada el devenir de la economía se ha transformado en el potencial energético del industrialismo capitalista.
Un teórico del orden capitalista como Alvin Toffler (1998:32.) explica el despliegue del capitalismo, este se produce a partir de tres olas, que por razones de tiempo y espacio se hará un viaje tangencial por la segunda ola, solo para justificar la tesis que se mantiene en el trabajo
Expone Alvin Toffler (1998:53), la sociedad ha transitado por una ola modernizadora del industrialismo, que ubica entre los años 1650-1750, con la Revolución industrial. La revolución no sólo ha mimetizado la forma de producir bienes, sino la organización del mundo. El desarrollo de tecnologías concretas en gigantescas máquinas ha reemplazaron el trabajo manual, individualizando, segmentando y especializando el trabajo en las fábricas, sobre la cual gravita la vida urbana, “apareciendo una <<cuña invisible>> en la sociedad, que la divide entre productores y consumidores. Enormes factorías se dedican a fabricar bienes para consumidores inconscientes de su mecanismo de obtención”.
En ese sentido, el modo de producción capitalista impuesto y derramado sobre las viejas estructuras económicas se impusieron fuertemente a través de los modelos de desarrollo económicos que han prefigurado la sociedad en el siglo pasado y el siglo que transcurre.
Un modelo de desarrollo económico hace referencia a un complejo proceso teórico-practico cuya finalidad es organizar la actividad económica para darle sentido de acuerdo a objetivos. Los modelos económicos suelen dar explicación y sentido a la economía de un país en los aspectos básicos: Da cuenta la economía política, comprendida como aquel proceso organizado por un gobierno para orientar la actividad económica, con la finalidad de armonizar las actividades las empresas y los actores la sociedad para construir legitimidad y gobernabilidad
En relación a su naturaleza paradigmática, los modelos de desarrollo económicos pueden clasificarse: a) modelo de economía dirigido (el Estado interviene con la intención de regular la actividad económica), b) modelo neo liberal y c) el modelo mixto (que combina aspectos de la economía dirigida y elementos del mercado).
Para Brito García (1998:55), Venezuela como formación socio-histórico en su desarrollo ha transitado por los modelos económicos: económico agro exportado, modelo minero primario exportado, modelo rentista/desarrollista, modelo económico neo – liberal y el modelo mixto.
El económico agro exportador, se establece con la conquista, las relaciones de coloniaje español, el cual estaba orientado a la satisfacción de los requerimientos económicos de la metrópolis, las exportaciones de productos agrícolas, facilitaron la consolidación del poderío económico y político, además contribuyo a la formación social de la colonia, privilegiando a las elites peninsulares.
Para 1917, el modelo económico fue transformando, dando inicio al modelo minero primario exportador, que comienza a un proceso de adecuación a los recientes descubrimientos de yacimientos petroleros en el territorio nacional. La dualidad económica de Venezuela finalmente es resuelta hacia el modelo minero primario exportados en los años de1920 y 1921, cuando se produce la crisis de los precios del café, cacao, etc., afectando singularmente los debilitados modelos tradicionales existentes.
A esto se suma, la crisis de los años treinta, la cual afectó significativamente a la economía venezolana, ya que la depresión del dólar en los Estados Unidos de América, y la devaluación del dólar terminó deprimiendo los mercados de la actividad agraria del país.
Finalmente, el modelo minero primario exportador, dado la demanda del mercado mundial se oriento la exportación de carbón, bauxita, cromo, asbesto y azufre entre otros, combinada con la naciente exportación petrolera.
En este contexto dada la condición de ruralidad del país, el trabajador asalariado se presenta como nichos incipientes en estructuras productivas precapitalista, por tanto carecen de la fuerza y la organización suficiente para conformar un basto movimiento que aglutine sus interese de clase explotada. A esto se suma la gran represión realizada contra ellos por el gobierno, bajo la consigna positivista “Orden y progreso”.
Estos modelos de desarrollo económico, permitieron darle orientación al tipo de Estado necesario para fortalecer el proceso de acumulación del capitalismo, de cara a una economía que dependía exclusivamente del la actividad petrolera.
La institucionalidad surgida de este proceso, facilitó la edificación del anclaje para darle orientación y ejecución a las políticas publicas de cara a al tipo de sociedad que postulaban. Estas políticas públicas fueron utilizadas para sentar las bases de las estructuras sociopolíticas, mediaciones y lealtades, bases del consenso de convivencia. El naciente del Estado comienza a jugar un papel fundamental en las dimisiones económicas, políticas, sociales y culturales.
A partir de la década de los cincuenta, se institucionalizan en Venezuela, finalmente los modelos económicos que marcaran la fisonomía de la sociedad moderna, estos modelos económicos estarán vinculado al contexto internacional y el proceso de acumulación capitalista, los modelos de aplicados fueron: el modelo económico desarrollista basado en la sustitución importaciones, el neoliberal y el modelo de desarrollo económico de orientación socialista.
5.2.- EL DESARROLLISMO: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS:
5.2.1.- 1958-1974: Modelo económico sustitución de importaciones:
El modelo
económico desarrollista, comienza aplicarse tardíamente en Venezuela, con
respecto a otros países como Argentina, Brasil o Paraguay que tuvieron procesos
de industrialización temprana. La razón que explica la industrialización tardía
venezolana, se debe a que vino aparejado
con el nacimiento de la industria petrolera, la cual sentó las bases para del
capitalismo. Pero a demás, dicho proceso fue consecuencia de las restricciones
comerciales impuesta por la Segunda Guerra
Mundial.
El impulso del
desarrollismo surge con el esfuerzo de la CEPAL, conocido en el campo
intelectual como la teoría estructuralista. Raúl Prebisch (1951: 33-52) señala que existe una lógica económica
caracterizada por una relación centro-periferia, en la cual se produce un
deterioro de los términos de intercambio que inevitablemente favorece a los
países centros y esto produce el subdesarrollo.
La
CEPAL, planteaba que para superar la relación de desigual
centro-periferia se requería un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones
deliberado y planificado desde arriba para vencer los rezagos de las
estructuras y las prácticas sociales tradicionales que impedían el desarrollo.
Según R.L.Ground (1988:102): “Las tres principales
justificaciones para la industrialización sustitutiva se plantearon en la
primera formulación de la CEPAL,
se planteaba que la restricción externa al crecimiento se atribuía al
desmejoramiento de la relación de intercambio
para los productos primarios y a las barreras de acceso al mercado para las manufacturas,
que necesitaban una fuente interna de crecimiento. Segundo, se advirtió la
necesidad social de aumentar rápidamente el empleo para absorber la fuerza de
trabajo creciente y ofrecer mejores oportunidades a la fuerza de trabajo
subempleada de la agricultura campesina, que los sectores primarios de
exportación no podían lograr. Tercero, la industrialización bajo la dirección
del Estado fue vista como la única forma de generar rápidamente progreso
tecnológico, porque los beneficios de un aumento de la productividad en el
sector primario de exportación serían percibidos por los importadores y no por
los exportadores. En términos analíticos, este modelo era la consecuencia
lógica de modificar tres supuestos básicos del modelo neoclásico de comercio típico:
que un país enfrenta una demanda infinitamente elástica de sus exportaciones a
un nivel de precios mundiales dado; que hay pleno empleo y movilidad del
capital y del trabajo; y que no hay externalidades significativas provenientes
de la inversión”.
Complementando la idea, R.L.Ground (1988:133) La teoría de la CEPAL demandaba la necesidad del papel protagónico
del Estado como promotor del desarrollo y del fomento de la industria para el
modelo de sustitución de importaciones.
El proceso de industrialización tendrá dos momentos
estelares.
Aun cuando el modelo de sustitución de importaciones
se inicia tibiamente durante con Isaías Medina Angarita, el gran impulsado es dado desde el trienio de Acción
democrática, donde el esfuerzo se orienta a la promoción de una
industrialización no petrolera, pero utilizando la riqueza que este comienza a
introducir al país.
Desde el punto de vista de la actuación del Estado,
comienza a instrumentarse un importante viraje en la concepción del Estado, el
Estado liberal cuya finalidad era garantizar la paz social y darle garantía a
las inversiones del capital transnacional, va dando paso a un nuevo Estado con
mayor y mas amplias competencias.
Con estos procesos socio-históricos va tomando cuerpo
el Estado interventor y proveedor de servicios. Para Claus Off (1990:18.) El
Estado de bienestar “organizado por los mecánicos de poder y coacción política
y administrativa, se interpreta como un grupo multi-funcional y heterogéneo de
instituciones políticas administrativas, cuyo objetivo es manejar las
estructuras de socialización y la economía capitalista”.
En ese sentido, Claus Off (1990:117) profundiza el
análisis, no solo reconoce el Estado en tanto benefactor y proveedor de
servicios sino que le asigna la tarea de
mediación ante las crisis, producto de los procesos de socialización y la acumulación de capital.
Pera este autor, el Estado juega fundamental para conjurar la crisis entre la socialización y el capital, necesita un espacio de conciliación de los intereses de las clases en pugna.
Complementando esta perspectiva Nico Poulantza (1968: 33-60.), agregaría que el Estado es el espacio de conciliación de los intereses de de clases, siendo sus instrumentos la política y lo político. Lo político remite al campo de la superestructura jurídica-político del Estado, y el campo la política es el escenario de la lucha de clase. Por tanto el Estado de bienestar también es el espacio para el consenso y acuerdo de las clases con capacidad económica y de movilización social en procura de sus demandas sectoriales.
El
intervensionismo del estatal permitió la consolidación del Estado de bienestar,
una fenómeno que garantizo la orientación económica y sentó las bases para la
convivencia de las clases sociales, producto de la acumulación capitalista
apoyado con la renta petrolera. Las áreas de intervención de Estado abarcan la
producción y distribución de bienes y
servicios. Ramas de la economía nacional como el comercio y servicios,
industria, construcción, turismo, financiero, agrícola, pecuario, minería,
energético, transporte, telecomunicaciones y medios de comunicación.
5.2.2.- 1958-1974: Las empresas públicas en el modelo de sustitución de importaciones.
En este contexto, las empresas públicas, extensión de los aparatos del Estado, constituyeron un factor importante en la construcción de las estructuras económicas y sociales necesarias para motorizar el proceso de acumulación capitalista, ocupándose de áreas de la producción de bienes y servicios que por su elevado grado de inversión y poca tasa de retorno no era atractiva a la naciente burguesía nacional.
Según Ronald Balza Guanipa (2007). Los antecedentes de
las empresas publicas venezolanas, se produce con la fundación de tres bancos
públicos: Banco Agrícola y Pecuario creado el 13 de junio de 1928, el 30 de ese
mismo mes se crea el Banco Obrero
adscrito Ministerio de Fomento cuya finalidad era proveer de viviendas a los
trabajadores con sede en Maracay, luego traslada
en 1936 a
Caracas y el Banco Industrial de Venezuela
creado en 1937 con el objetivo de
financiar e impulsar el desarrollo industrial del país. Es Eleazar López
Contreras quien se encargaría de la modernización de la banca con la creación
del Banco Central de Venezuela y una ley de bancos que logró la creación de la
superintendencia de Bancos y el Consejo
Bancario Nacional el 8 de septiembre de 1939 con la finalidad de regular la
circulación monetaria y el crédito para evitar fluctuaciones de gran escala en
el circulante. Además tendría como función principal regular y vigilar el
comercio de oro y divisas. El Banco Central de Venezuela comienza sus
actividades en 1940 y sus operaciones el 1 de enero de 1941”.
Con el retorno a la democracia luego de una década de
dictadura, se produce un replaneo del Estado en la economía. Ronald Balza
Guanipa (2007) agrega: “En los primeros años de la democracia se tomaron
importantes decisiones. Se anunció que no se renovarían las concesiones
petroleras, de modo que al vencerse retornarían al Estado, sin que ello significara
obligaciones para con las petroleras.
Se crearon la Corporación Venezolana
del Petróleo (CVP) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la
primera para encargarse del negocio petrolero y la segunda para promover el
desarrollo industrial del sur del país, aprovechando las riquezas minerales de
la zona y su potencial hidroeléctrico. Se iniciaron inversiones públicas para
constituir la
Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico
(CADAFE) y la primera etapa de la represa del Guri. Se continuó el
procedimiento de compra de empresas telefónicas privadas iniciado en 1953, y
que concluyó en 1973, quedando la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de
Venezuela (CANTV) a cargo de la administración pública”.
El autor, afirma que en este momento histórico comienza
a tomar fuerza el proceso de nacimiento y consolidación de las empresas
públicas modernas venezolanas con la finalidad de fortalecer el viraje y el
rumbo tomado por el proceso de
acumulación capitalista.
Según Enrique Vitoria V. (1982) El alcance de este
plan de inversión a gran escala se puede visualizar con la Cooperación
Venezolana de Guayana, realizado en la décadas de los
setenta: CVG- Electrificación del Caroní (1663)
Industria Venezolana del Aluminio, CA (Venelum/ 1973), Filsiven,
Metalmeg, la Financiera y Atlántica,
Fabrica Nacional de tractores y Motores.
Como complemento En 1971 es creado el Instituto
nacional de Canalizaciones con la finalidad de encargarse de los dragados de
los Terminales Petroleros en los Estados: Zulia, Falcón, Monagas y Anzoátegui,
orientado a construir una infraestructura para la actividad petrolera y el
desembarco de mercancía proveniente desde diversos puntos del país y el resto
del mundo.
La inversión por parte del Estado para la creación de
Empresas publicas se planteó como objetivo fundamental del nuevo modelo de
acumulación capitalista distinto al agro primario exportador y el minero
primario, lo cual favorecía el nacimiento de una burguesía nacional y para la capitalización por parte del Estado
para generar un proceso re-distributivo de la renta petrolera. Esta
re-distribución implicaba la creación de empresas publicas orientadas hacia la
producción, distribución y generando nuevos modos de consumo con la finalidad
de impulsar el ahorro interno y la inversión.
Para Haydee Ochoa H. (1995:57-77) el nacimiento y
expansión de las empresas públicas venezolanas, sentaron las bases para el
proceso de acumulación capitalista moderno y radicalizado, ya que el proceso
fue orientado a la construcción de un panorama productivo y de servicios
necesarios para la institucionalización del modo de producción capitalista en
su versión rentista petrolero. Se trata entonces de una estrategia en marcha
para capitalizar el sector privado, renuente a realizar inversiones cuyas
ganancias implicaban horizontes temporales de largo alcance.
El proceso de industrialización y el emergente
nacimiento de las empresas públicas produjeron un cambio sustantivo no solo en
la economía, sino que remodificó la relación capital-trabajo, potenciado por el
nacimiento de un nuevo tipo de trabajador, consolidado por la industrialización
y la urbanización de la sociedad venezolana. Condiciones necesarias para el
sujeto asalariado o trabajador.
En este contexto de
nacimiento de las empresas publicas, caracterizado por la aplicación del modelo burocrático populista en su
primera fase, la participación de los trabajadores y trabajadoras se realiza
por mediación del movimiento sindical, para cual la constitución de 1961 había
abonado importante terreno garantizando la libertad sindical.
Desde el punto de vista de la lógica de la
racionalidad de estas empresas publicas, se destaca que su proceso de gobierno,
dado que nacieron desde la iniciativa del Estado, permitió ir sentado las bases
del modelo burocrático populista, que reproducía el patrón de conciliación de
intereses que ha gran escala
caracterizaba el modelo de la democracia representativa.
En ese sentido, acota Lilia Pereira y otros (2008) citando a Ochoa (1996), que el modelo burocrático populista se caracteriza
por “denotar la conducción del aparato público basada en la colaboración de
clases a través del gasto público para el logro de los objetivos”.
No obstante, la mediación
trabajador-empresas publicas se cristalizaba con la articulación del movimiento
sindical, mayoritariamente en manos de Accion Democrática, dado el proceso de
des-posicionamiento del sector por parte de la izquierda cuando obligado por la
coyuntura política seleccionó la lucha armada como repuesta a las contradicciones
que la sociedad venezolana presentaba producto de las relaciones sociales
capitalista.
5.2.3.- 1975-1979: El <<boom >>petrolero. Empresas públicas:
El primer
gobierno de Carlos Andrés Pérez, se inaugura con una enorme ventaja económica. Producto la Guerra de Yom Kipur, aunado al proceso de la
nacionalización del hierro el 1 de enero de 1975[4] y la
posterior nacionalización de la industria petrolera, el 1 de enero de 1976, durante
el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, sumado la decisión de la OPEP, el 27 de septiembre, en Viena, la cual resuelve un aumento del 10% en los
precios del petróleo y la congelación de los mismos por 9 meses, esta
resolución, decisión que contó con la
decisiva intervención de Venezuela, panorama económico sufre un importante impulso por el
<<boom petrolero>>, con el cual llegaron al país una importante
cantidad de divisas que serian utilizadas para la radicalización del plan de
inversiones del gobierno nacional.
Producto de esta
coyuntura es diseñado y hecho público, el 9 de marzo
el V Plan de la Nación
y el 26 de agosto 11976, la Ley de Crédito Público que autoriza
al Ejecutivo nacional para contratar
créditos por Bs. 31.000.000.000. Finalmente ese mismo año, el 23 de noviembre,
se aprueba la Ley Orgánica
de Presupuesto para el año 1977 por un monto de Bs. 35.836.000.000. El 22 de
diciembre 1978, el Congreso Nacional sanciona la Ley de Presupuesto del año 1978 por un monto de
Bs. 44.479.000.000.
Estos recursos son
necesarios para emprender la segunda fase del proceso de industrialización,
para ello el 22 de marzo de 1978, el
Ejecutivo Nacional mediante decreto prohíbe la importación de 500 productos
industriales y extienden las medidas proteccionistas como estaba previsto en el
Pacto de San José. El Pacto de José, como instrumento de integración de la
región, creaba regimenes especiales de protección para los productos y
servicios generados por las economías de los países firmantes.
El plan de inversión, complemento el proyecto de la CVG, para ello, fue creado CVG- Ferrominera del Orinoco (1 de enero de
1975), CVG-Siderúrgica del Orinoco (Sidor/1975), Bauxita Venezolana, CA.
(Bauxiven/1979), Interamericana de Alumina, CA (Interalumina/1979).
Estas inversiones según Gumersindo Rodríguez, citado
por Balza Guanipa(2007), Ministro del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez,
acotaba: al nacionalizar el hierro y el petróleo “no sólo se aseguró mayor
control de la sociedad sobre los beneficios del capital, sino que permitió
garantizar recursos financieros para ampliar la escala y calidad del patrimonio
público en las alturas dirigentes de la economía”. La finalidad de esta
política de inversión fue dirigida a
potenciar áreas como petróleo
y gas, aluminio y acero, electricidad y agua, petroquímica y cemento,
transporte marítimo y aéreo.
5.2.4.- 1959-1979: un nuevo sujeto histórico: participación de los
trabajadores y trabajadoras en las empresas públicas.
Brito García (1998:58) puntualiza: En el caso
venezolano el nacimiento de los trabajadores como clase social se encuentra
estrechamente vinculado al rentismo petrolero, del mismo modo que la
conformación de la burguesía fue un proceso lento y tardía, que necesito una
fuerte alianza con las elites políticas que dirigían el país.
Este proceso tardío del nacimiento del trabajador y
la trabajadora moderna, según Bori Koval
(1985:25.26) “obedeció al proceso de conversión que sucedido por el proceso de
acumulación capitalista por la presencia del petróleo, por la poca herencia que
dejado por el modelo económico precapitalista y a la escasa presencia del movimiento
obrero internacional, quienes habían
logrado establecer importantes cuadros en otros países del continente”.
En ese sentido, la relación de los trabajadores con
el Estado se desarrolla en confrontación
en procura de la conquista de las reivindicaciones económicas y sociales,
impulsada desde la corriente de pensamiento socialdemócrata en su primera fase.
Luego se inaugura un proceso de cohabitación formalizada por parte de la CTV de las elites sindicales
con la tecnocracia políticas que dirigían el gobierno.
Este acuerdo de cohabitación y colaboración de clase,
es concreto con el pacto de Punto fijo, desplegado con los acuerdos posteriores
con los empresarios, la iglesia, el sector militar y los trabajadores. Dado el
sistema político, basado en una democracia representativa, centrada en el
reparto del poder entre los partidos políticos Acción democrática y COPEI, para
garantizar la convivencias se ejecuta la propuesta desde Washington, se
instrumentaliza la firma del Pacto de Punto Fijo, un acuerdo entre las elites
que se comprometían a no darle uso a su poder social de esos sectores de la
sociedad para debilitar la incipiente
democracia representativa.
A partir de allí, la política pública de participación
de los trabajadores se formaliza en la constitución de 1961 y la sucesiva
tradición laboral venezolana. La forma que asume la participación es a través
de las asociaciones sindicales, que tomas el carácter reivindicativo, y
pulverizando la idea marxista de la conquista del poder político, consigna
primordial del movimiento sindical internacional.
Obedeciendo a esto, la constitución de 1961, le da
rango jurídico a la liberta de asociación sindical. La libertad sindical que
legitima el derecho de los trabajadores y trabajadoras, y empleadores a
organizarse para la defensa y promoción
de sus intereses económicos y sociales.
Lo que indica que se instaló una tradición jurídica
laboral conservadora, que facilitó el proceso de acumulación capitalista. Esta
tradición establece una bifurcación entre los derechos individuales y los
derechos colectivos. La tradición conservadora, contribuye a la remunera al
capital y no al trabajo, cuando los trabajadores y trabajadoras capitulan sin
residencia cuando abandona la propiedad de la plusvalía.
Según Carlos Marx (1975:122), relación a esta categoría señala que el trabajo no pagado del trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo[i], el cual es apropia el capitalista. La plusvalía expresa la forma capitalista de explotación, donde el plus-producto adquiere la forma de plusvalía.
Aclara Carlos Marx (1975:129), luego de descubrir la esencia de la categoría económica de la mercancía fuerza de trabajo, dio resolución a un problema que no pudo y no quiso resolver la economía clásica. Este en su estudio del capitalismo, indica que origen a la plusvalía, da cuenta de la naturaleza de la explotación capitalista, oculta/opaca tras la fetichización del trabajo como mercancía. El modo de producción capitalista, al organizar la producción, invierte una determinada suma de dinero para adquirir medios de producción y para comprar fuerza de trabajo para obtener un excedente de valor sobre la cantidad e dinero inicial anticipada, cuyo resultado es obtener plusvalía. La plusvalía se incrementa cuando se incorpora el factor tecnológico que aumenta la productividad del trabajo e incremente la ganancia.
Al respecto dice Demetrio Boesrner (2007) que se construyó el marco político para un proceso de modernizaron en todas las esferas de la vida política, económica, social y cultural. En el ámbito ideológico y programático se impuso el discurso ideológico de Acción democrática, quien mantuvo una actitud social-reformista. Esta actitud se ratifico con su incorporaron a la Internacional Socialista a finales de la década de los sesenta.
Esta tradición social-reformista se ratifica en la sucesiva ley del trabajo en Venezuela a partir de 1946, en sus sucesivas reformas. En la mencionada tradición jurídica, la participación de los trabajadores y trabajadoras se encuentra modulado en dos aspectos:
Primero, la participación remite a la posibilidad de asociación a los sindicatos, que constituye el mecanismo de mediación entre los trabajadores y las trabajadoras y los patronos. Estos sindicatos funcionaba como extensión de los partidos políticos.
Por otro lado, da cuenta del tema de la representación, la mediación que se lleva a cabo por una cúpula sindical que gozaba de muchas prerrogativas, con marcados vínculos con los partidos tradicionales y con los intereses de la burguesía nacional. El sindicato reproduce el tipo de relación utilitaria que se produce a gran escala en el sistema político de conciliación de intereses. No obstante a pesar de la lucha de los trabajadores por su reivindicaciones, el tema de la participación de los trabajadores en las empresas publicas se produce en un clima de colaboración de clases, se concretiza con la Ley de Representación de los trabajadores en los directorios de las empresas del Estado, los institutos autónomos y los organismos del desarrollo económico con fecha 11 de julio de 1966, reformada el 23 de diciembre de 1969 y reglamentada en 1875.
En esta ley, según refiere Héctor Lucena (2010:23-24) la representación de los trabajadores estuvo restringida a los directorios de las empresas del Estado, institutos autónomos y organismos de desarrollo económico o social del sector público. “Se observa la representación mayoritaria del ejecutivo, en algunos casos del Poder Legislativo, también empresarios privados, de los usuarios, de las comunidades. Se trata de una representación del colectivo laboral, con su diversidad de categorías y calificaciones, pero en todo caso de asalariados al servicio de la entidad pública correspondiente”.
Héctor Lucena (2010: 33) añade: “En la primera etapa,
el liderazgo del movimiento sindical brindó una suerte de premio o
reconocimiento a sus líderes y aliados, al nombrarlos para que ejercieran la
representación laboral. Se careció de un plan estratégico en el cual se
enmarcara el ejercicio de esta representación. Por otro lado al estar
desvinculado de las bases, tanto el nombramiento como su ejercicio, obviamente
no lo sintieron los trabajadores como una representación propia; se puede más
bien decir que contribuyó a la burocratización del sindicalismo en sus más
altas esferas”. Las experiencias de
participación que destacan en el marco de esta ley se desarrollaron en las
Empresas de Guayana CADAFE y el Seguro
social.
Es fundamental, aclarar que la formulación y ejecución
de las políticas publicas de participación de los trabajadores y las
trabajadoras, en reste periodo se
caracterizaron por ser de carácter asistencialista y universalista, fundamento
para la mediación del sistema de
conciliación de los intereses de clase, y por cuanto el fundamento del modelo
de sustitución de importaciones a través de la industrialización observaba en
las desigualdades un factor de rezago estructural para el desarrollo y el logro de las metas del esfuerzo de inversión.
Se afirma entonces, que el modelo burocrático
populista al igual que para las políticas pública, funcionó para le aparato empresarial
del Estado, con la finalidad garantizar
la legitimidad y la gobernabilidad, apoyado en la renta petrolera que financiaba el gasto, como base
de la paz social.
5.3.- 1975-1989: MODELO NEOLIBERAL: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS
PÚBLICAS.
5.3.1.- Crisis
del modelo desarrollista:
A finales de la década de los setenta y principios de
los ochenta, el modelo desarrollista comienza a dar señales de agotamiento. La
crisis fue potenciada desde la lógica interna de la economía y por las
características que estaba tomando el sistema-mundo-capitalista.
Para Simón Molinas Duarte
(2001) estas fallas serian: “ a) Las industrias que nacieron bajo este proceso
no contribuyeron significativamente a la diversificación y aumento del ingreso
de divisas, b) la falta de competitividad externa no les permitía a las
industrias locales que sus exportaciones ganaran mercados externos; c) la
política de proteccionismo industrial generó el crecimiento de industrias
manufactureras con altos costos de producción y baja productividad; d) La
ausencia de políticas que permitieran una mayor integración entre las
industrias estatales básicas no permitieron que nuevas empresas pudieran
desarrollarse utilizando los insumos nacionales (gas, aluminio, energía, acero,
etc.) para desarrollar industrias aguas abajo con mayor valor agregado y
capacidad de exportación” .
En la coyuntura internacional
se evidencia, una multitud de factores estructurales relacionados al comerció exterior, cambios
que en mayor o menor medida tributaron con la crisis del desarrollismo en la
región. Simón Molina Duarte (2000) resalta los siguientes:“ 1) Un crecimiento
muy significativo del comercio de manufacturas en detrimento de los productos
básicos y las materias primas provenientes de los países en desarrollo; 2) Las
ventajas comparativas habían perdido posición en la economía mundial como
consecuencia de las innovaciones tecnológicas y el avance científico, los
cuales propiciaron el posicionamiento de las ventajas competitivas basadas
fundamentalmente en la calidad de la educación y la gerencia; 3) La
competitividad de la mayor parte de los países se centró en la producción de
bienes y servicios cuya demanda a nivel internacional era mas dinámica y cuyos
precios eran crecientes; 4) se acentuó la tendencia de las políticas
comerciales orientadas hacia una mayor liberación de los intercambios
comerciales y una apertura de las economías dando prioridad los procesos de
globalización e integración económica”.
5.3.2.- Primera oleada del modelo de desarrollo neoliberal:
La entrada del paradigma
neoliberal en Venezuela, se produce con mucha lentitud en su primera fase, si tomamos como referencia la
Argentina y A Chile, se puede apreciar en dos
momentos: durante el gobierno de Luís Herrera Campins y durante la presidencia
de Jaime Lusinchi.
Durante el gobierno de Luís Herrara Campins (1979-1984.), a pesar que unos años anteriores el
precio del petróleo logro alcanzar cifras jamás vista, en este lapso histórico
la sociedad venezolana moderna comienza a visualizar las aristas de una
profunda crisis sistémica. Esta crisis profunda es visualizada como una crisis
del endeudamiento externo, la cual ascendió a 25 millardos de dólares obligando
al Banco Central de Venezuela a declararse insolvente en febrero de 1983. En
esta situación el gobierno tomo la medida monetarista de devaluar el bolívar frente al dólar.
Este hecho alcanza su
condición de mayor significación con el Viernes Negro[5],
punto de quiebre del viejo modelo desarrollista. El domingo 20 de febrero de 1983, el
Presidente Luís Herrera Campíns promulga un decreto de suspensión de la venta
de divisa extranjera. Posteriormente los
días lunes 21 y martes 22, la medida fue
extendida hasta el día 25 de febrero; y el día 2 de Marzo. También por decreto presidencial, se establece un control
diferencial de cambio de 4,30 bolívares por dólar para los gastos corrientes,
envío a estudiantes del exterior, amortización de la deuda pública interna y la
privada externa y para las operaciones de la industria petrolera, del hierro y
otros renglones.
El endeudamiento externo, no abordada
adecuadamente durante esos cinco años de gobierno, desató la crisis económica y
financiera más grave de la historia reciente del país.
5.3.2.1- Participación de los trabajadores y trabajadoras en las
empresas públicas/ gobierno de Luís Herrara Campins:
Al respecto Héctor Lucena (2010:38) afirma, otro hecho primordial para la participación de
los trabajadores en las empresas públicas, lo constituyó la creación por parte
de la CTV de su
Oficina de co-gestión, luego de llevarse a cabo VIII Congreso en Porlamar en
1982. El balance de la concreción de esa
resolución aprobada no paso de ampliar
la figura de los directores laborales, extendiéndola de un director a dos
directores, siendo este último electo por los trabajadores, en tanto el primero
nombrado por la CTV. Ambos
representarían al movimiento de los trabajadores en el Directorio de las empresas.
Esto permite a
arribar a una conclusión preliminar, sobre la gestión de una política de
participación de los trabajadores en las
empresas publicas no fueron objeto de una política pública formal por parte del
Estado, las conquistas en esta materia respondieron a una matriz de convivencia
entre las elites para la estabilidad y la gobernabilidad del proyecto
modernizador de la democracia representativa.
En ese coyuntura se habla de una participación restringida
y mediatizada por el modelo que Luís Salamanca (1997:79) denomina la modernización como programa político, cuyo rasgo fundamental es que
las iniciativas populares terminas difluyéndose en la racionalidad del Estado y
de los intereses de las elites que orientan las partidos políticos
tradicionales, la cual no podría ser de otra manera.
Lo que
permite afirmar, que a pesar del clima de movilización de los trabajadores y
trabajadoras no lograron niveles de
participación en la gestión de las empresas públicas, propuesta de concepción
socialdemócrata del naciente sistema político venezolano.
La decisión de la CTV de alinearse con el discurso de la cogestión,
se encuentra en consonancia con el principio de subsidiaridad de los postulados
del partido demócrata-cristiano en el gobierno para ese momento histórico, que el campo de la aplicación
en la política social, tiene por objeto el reparto y la limitación de las
competencias para la ordenación de los grupos sociales, según esta doctrina
permite el ordenamiento de las
relaciones de las sociedades intermedias. Planteamiento que venia desarrollando
la COPRE.
Es fundamental destacar, que a unos escasos días de
finalizar el VIII Congreso en Porlamar,
se hace pública crisis e intervención del Banco de los Trabajadores (BTV),
el 29 de noviembre de 1982, disipando la confianza depositada en manos de la
cúpula sindical.
Advierte Francisco Sierra (2005), que la concepción de co-gestión que surge de la experiencia socialista en la Revolución Rusa por parte de los trabajadores y trabajadoras, en los últimos tiempos a sido objeto de la asimilación maniqueísta por parte de la tecnocracia neoliberal, con la finalidad de despojar al Estado y al resto de la sociedad de los medios de producción, a favor de los empresarios capitalista. Esto en referencia a la participación del sector privado en las empresas estratégicas y básicas como PDVSA y las empresas del complejo industrial de Guayana.
El segundo momento de intento de institucionalización del paradigma neoliberal se produce durante el
gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989.), en
un contexto de duras críticas al
desempeño del aparato del Estado, centrando su atención en las empresas
públicas. La estrategia del Gobierno de Jaime Lusinchi, expresada en los Lineamientos
generales del VII Plan de la
Nación, se sustentaba sobre dos pilares: por un
lado, la conformación de un proyecto
político consensual llamado El Pacto Social y por el otro, la reestructuración
del Estado.
En materia de
re-estructuración del Estado se planeaba la necesidad de un proceso de transformación y modernización del sector
público para redefinir su papel en la actividad económica. Allí se abría las
puertas al proceso de privatización y la
posibilidad de transferir al sector privado un conjunto de actividades y
servicios que estaban en manos del sector publico.
El camino para la
estrategia neoliberal, comienza a concretarse con la creación de la COPRE, el 17 de diciembre de
1984 por parte del presidente Jaime
Lusinchi, entre los planteamientos que se materializado desde la COPRE, lo constituyó la
formulación del proceso
descentralización y la privatización de las Empresas publicas deficitarias. A
partir de este momento histórico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial comienzan hacer un factor determinante en la dirección del modelo
económico de apertura neoliberal.
La presión de la COPRE, con su propuesta de
reestructuración del Estado, el proceso de descentralizaciones de las
competencia y la redefinición del gasto publico, permitieron el proceso de
apertura a la teoría que sustentaría la Nueva Gestión Publica y la
noción de Gerencia publica, que luego trascurrido un tiempo se transformo en el
plus no solo de los académicos sino también de los actores políticos
fundamentales vinculados a la hegemonía de Acción democrática y COPEI.
Paralelamente, el modelo
burocrático populista comienza su proceso de desplazamiento, por la
racionalidad neoliberal, dando paso al
modelo tecnocrático, que vino aparejado al proceso incipiente proceso de
privatizaciones figurado como una estrategia de corto plazo.
Este rumbo paradigmático
neoliberal en su primera fase es lento, ya que no gozaba del consenso de las elites aferrada las
prerrogativas del desarrollismo. Es en este contexto donde se comienza a tomar
cuerpo privatizaciones, tras la dura criticas al desempeño institucional de las
empresas públicas, justamente para crear
las condiciones subjetivas y objetivas para el proceso de privatización por
venir.
5.3.3.- La segunda oleada neoliberal: Segundo gobierno de Carlos Andrés
Pérez y Rafael Caldera.
5.3.3.1.- consideraciones generales sobre
el planteamiento neoliberal.
En el panorama
internacional el neoliberalismo se perfilaba con el consenso de Washington, que recoge las líneas desarrolladas
por John Williamson en noviembre de 1989, titulado <<Lo que
Washington quiere decir por política de reformas>> o <<Lo que desde
Washington se entiende por política de reformas>>[6],
el cual contiene cuatro grandes puntos:
A grosso modo
el consenso establece las siguientes líneas de acción.
Disciplina
fiscal, “Los déficits presupuestarios deben ser suficientemente pequeños
para poder financiarse sin recurrir a la inflación; prioridades del gasto
público, que debería re-direccionarse desde las áreas políticamente sensibles
-que reciben más recursos donde su retorno puede justificar, tales como
administración, defensa, subsidios indiscriminados y elefantes blancos- hacia
campos desconsiderados y con gran retorno económico y potencial de mejora de la
distribución de la renta, tales como salud y educación primaria e
infraestructuras”.
Reforma fiscal, “Exige
ampliar la base fiscal y acortar las tasas impositivas marginales con la
intención de mejorar los incentivos y la equidad horizontal sin disminuir la
progresividad real. Mejorar la administración tributaria (incluida la
tributación de los intereses de los activos situados en el extranjero) es un
aspecto importante para ampliar la base tributaria en el contexto
latinoamericano”.
Liberalización financiera, “Aunque el objetivo último es que el
mercado determine la tasa de interés, como en condiciones de extrema y crónica
falta de confianza estas tasas pueden ser tan altas que produzcan la
insolvencia de las empresas y los gobiernos, el objetivo intermedio sensato es
la abolición de las tasas de interés preferencial para los prestatarios
privilegiados y el logro de una tasa de interés real moderadamente positiva”.
Tasas de cambio, “Los países necesitan una tasa de cambio (al menos
para las transacciones comerciales) fijada a un nivel suficientemente
competitivo para inducir un crecimiento rápido de las exportaciones no
tradicionales y gestionadas de forma tal que se asegure a los exportadores que
su competitividad se mantendrá en el tiempo. Además, inversión extranjera
directa, la privatización de empresas estatales, etc.”.
5.3.3.2.-
1989-1993: Segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Avanzada neoliberal:
Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez,
es cuando la estrategia de desarrollo neoliberal se hace publico, el país
transita la segunda fase neoliberal, esta se tradujo en el
contexto del país, como reducción del gasto publico, una perdida de la
responsabilidad social del Estado en materias esenciales de salud, educación y
de servicios, un proceso de privatización de las empresas bajo0 control
estatal, eliminación de la protección a la producción nacional y la
flexibilización de los mercados laborales.
La forma operativa de la estrategia se formaliza y se aplica a través
de: la agenda Venezuela y el Gran viraje.[7]
1.- Someterse a un programa bajo supervisión del
Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500
millones de dólares en los 3 años siguientes.
2.- Liberación de las tasas de interés
activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado
en alrededor del 30%.
3.- Unificación cambiaria con la
eliminación de la tasa de cambio preferencial.
4.- Determinación de la tasa de cambio en
el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el
exterior a la nueva tasa flotante.
5.- Liberación de los precios de todos los
productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
5.- Anuncio del incremento no inmediato,
sino gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable,
electricidad y gas doméstico.
6.- Aumento anual en el mercado nacional
durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un
primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina.
7.- Aumento inicial de las tarifas del
transporte público en un 30%.
8.- Aumento de sueldos en la
administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario
mínimo.
9.- Eliminación progresiva de los
aranceles a la importación.
10.- Reducción del déficit fiscal a no más
del 4% del producto territorial bruto.
11.- Congelación de cargos en la
administración pública.
Este conjunto de medidas forman parte
del paquete estructural recesivo, cuya
finalidad era un reacomodo del modelo económico, una nueva forma de
coordinación de Estado-sociedad y un proceso de redefinición del sector
público, adosado con el discurso de la eficacia, la descentralización y el
Estado mínimo.
Xavier Arrizabalo (1997:101-112) señala que un programa de ajuste
estructural recesivo “es la condición
impuesta por el FMI y/o el Banco Mundial a un país para otorgarle respaldo
financiero destinado a afrontar un grave problema de pagos internacionales. Se
trata de una receta única y de pretendida validez universal que se aplica con
independencia de la situación particular de cada país. Y a ella se han sometido
más de noventa países del Sur y del Este durante las dos últimas décadas del
siglo XX”
Los programas de ajuste estructurales surgieron
a comienzos de los años 1980s, como
respuesta de las instituciones de Bretton Woods a la crisis de la deuda externa del Tercer Mundo, y luego se
extendieron a los países del Este tras la debacle de las economías del bloque
soviético. Los programas de ajustes estructurales recesivos, obedecen a una concepción extremadamente
ortodoxa de la política económica, que mas
tarde sería bautizada por sus propios impulsores como el Consenso de Washington, pretendiendo
dar a entender su universal aceptación por parte de los expertos en desarrollo
económico.
Xavier Arrizabalo
(1997:113), acota, que los programas de ajuste recesivos actúan en dos
lógicas: Por un lado, la política de
estabilización: “Intenta corregir lo que se consideran excesivos
déficit de los presupuestos públicos y de la balanza de pagos, debidos a una
demanda superior a la oferta del país. El retorno al equilibrio, concepto
básico de la ortodoxia económica, se conseguirá mediante una política de
reducción enérgica de la demanda, que ajuste
el consumo interno del país a su capacidad de producción. Esta
intervención macroeconómica debe dar sus frutos en el corto plazo (uno o dos
años), utilizando instrumentos de política monetaria y presupuestaria. Se trata
en definitiva de un verdadero plan de austeridad, de un ajuste recesivo, que
conduce a una interrupción o incluso una caída en el crecimiento del producto
nacional”.
Por su parte, las políticas estructurales “buscan adaptar las condiciones
de la oferta de la economía, de manera que posibiliten un crecimiento económico
a medio o largo plazo. Dentro de la ortodoxia neoliberal, la mejor forma de
estimular el crecimiento de la producción interna es favorecer el libre juego
del mercado, permitiendo que la iniciativa privada asigne los recursos donde
encuentre mejores perspectivas de beneficio. Se tratará, por tanto, de
liberalizar la economía, abrirla al exterior y disminuir la presencia del
sector público”.
Plantea Xavier Arrizabalo (1997:114), que los objetivos de los
programas de ajustes neoliberales recesivos son: “conseguir generar los
excedentes en divisas necesarios para que el país pague el servicio de su deuda
externa. Para eso, la política de contracción de la demanda contribuye a
reducir las importaciones, y la reorientación de la producción hacia la
exportación posibilita la obtención de excedentes en la balanza comercial. Y,
además, todos los elementos des-reguladores
facilitan el acceso al mercado de ese país por parte de las empresas de los
países desarrollados, bien sea mediante la exportación de sus productos, bien
sea mediante la inversión directa y consiguiente instalación en el país, por la
vía de las privatizaciones o al margen de ella. Es decir, los programas de
ajuste estructural favorecen los intereses de las empresas multinacionales y
bancos del Norte, quienes controlan las
instituciones de Bretton Woods”.
Las criticas realizadas a los programas de ajuste
estructurales recesivos viene de dos direcciones por los efectos que producen
sobre las economías en las que se vienen aplicando. Hay un tipo de crítica
radical que cuestiona su propia existencia, negando a organismos externos
legitimidad alguna para condicionar la política económica de países soberanos.
Otras críticas importantes a los
programas de ajuste han venido de instituciones internacionales como UNICEF o la OIT que, sin cuestionar la
necesidad de las reformas estructurales y que éstas requieren asistencia
técnica y financiera internacional, discrepan con el FMI y el Banco Mundial
sobre los objetivos prioritarios y los medios a utilizar.
En este orden de ideas, es fundamental resaltar, el documento de 1987
publicado por UNICEF titulado
"ajuste con rostro humano", cuya era finalidad era promover un
importante viraje en los programas de ajustes estructurales recesivos para proteger a los sectores mas
vulnerables del modelo económico neoliberal.
El estudio de UNICEF señala que el ajuste estructural
recesivo por si solo es incapaz de restablecer el crecimiento, por tanto es
esencial incorporar la dimensión
humana (protección de los más débiles, nutrición, salud) un
principio estratégico del ajuste. A
demás ratifica que, para su aplicación en
Sur se impone impulsar cambios
que orientados a mejor el nivel de vida,
de inversión y de protección de las necesidades humanas.
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5.3.3.2.1.-
Participación de los
trabajadores y trabajadoras en las empresas públicas/Segundo gobierno de Carlos
Andrés Pérez:
En este contexto, el 20 de diciembre de 1990
entra parcialmente en vigor la
Ley Orgánica del Trabajo (Gaceta Oficial No 4240), la cual es reformada el 19 de junio
de 1997.
En esta ley se reafirma lo planteado en la
constitución de 1961, de reconoce la libertad sindical y se garantizan las
condiciones para el funcionamiento del movimiento sindical.
Es necesario destacar, la mediación solo es posible
por la vía de las organizaciones sindicales, y las cúpulas de la
CTV. En ese sentido, dada el grado de
avance del paradigma neoliberal la presencia sindical como representación de
los trabajadores y las trabajadoras comienzan a retroceder dado el proceso de
privatización.
5.3.3.3-
1994–1999: Paradigma neoliberal durante el Segundo Gobierno de Rafael Caldera.
La segunda oleada neoliberal, se profundizo durante
el segundo Gobierno de Rafael Caldera a partir de 1994, con la crisis bancaria[9]
que afecto la economía venezolana. Su plan fue llamado <<La Agenda Venezuela>>,
consistió en la aplicación un conjunto
medidas económicas salidas de FMI, como requisito para que el gobierno de Caldera accediera
a préstamos internacionales.
Los objetivos de la agenda fueron:
1.- Control
del déficit fiscal. (Se ejecutó una reforma tributaria para tal fin).
2.- Liberación del precio de los carburantes,
permitiendo un aumento de hasta 800%.
3.-Liberación de las tarifas de los servicios públicos.
3.-Liberación de las tarifas de los servicios públicos.
4.- Reducción
de la tasa de inflación y establecimiento del IVA, con excepción de alimentos,
medicinas y libros.
5 Aumento de las reservas internacionales
(Privatización de empresas no prioritarias, tales como hoteles y centrales
azucareros).
6.- Liberación del tipo de cambio, con la subsecuente
devaluación del bolívar.
7.- Apertura petrolera (retorno a las asociaciones
petroleras en el sector gasífero y traspaso de actividades conexas al sector
privado).
8.- Disminución de la deuda externa.
9.- Reforma
del régimen de prestaciones sociales, para establecer el pago anual de
beneficios en lugar del pago al final de la relación laboral (Creación de los
sub-sistemas de prestaciones en vivienda y turismo para los trabajadores).
10.- Creación de un fondo para la protección de los
usuarios del sistema bancario (FOGADE).
11.- Mayor eficacia en la aplicación de los programas
sociales (subsidios al transporte público y familiar y el programa alimentario).
Estas medidas de modernización y radicalización
política causaron un gran impacto en las formas de coordinación del Estado, la orientación de las políticas publicas de
corte universalista-asistencialita propias del modelo económica desarrollista
fueron olvidadas, se inaugura una
vertiginosa ola de privatizaciones de las empresas publicas, consolidando de
este modo, la forma de coordinación de la sociedad por el mercado.
Parafraseando a Norberto Lechner (1997:7-17): En este tipo de coordinación denota un orden autoorganizado y autorregulado, el
rol del Estado es debilitad y transformado en
el acelerador de la descentralización y focalización de las políticas
sociales. En este tipo de coordinación social, se pretende eliminar todo tipo
de <<interferencia política>>> que distorsione las <<leyes
del mercado>> como mecanismo automático de equilibrio. El debilitamiento de la coordinación política
desde el Estado se gesta desde el proceso de privatización de las empresas
públicas, reclamada para si por la burguesía nacional e internacional.
Con esta forma de coordinación de la sociedad se
radicaliza y profundiza de la
Nueva Gestión pública, la cual realiza una despiadada crítica
al desempeño de las empresas públicas, cuyo relato se centra en una visión de la gestión de las
administraciones públicas orientada hacia la eficacia, la eficiencia y la
satisfacción del ciudadano por el mercado, en su concepción de autorregulación
y auto satisfacción.
5.3.3.3.1-
Privatización de las empresas
públicas/Segundo gobierno de Rafael Caldera:
El proceso de privatización de las empresas públicas
iniciado durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez toma nuevos bríos durante
el Segundo gobierno de Rafael Caldera, en
su política de reducción del gasto, se planifico privatización de SIDOR y otras empresas básicas, aunque en la
práctica pudo sólo llevar adelante la venta de VENALUM, que fue adquirida por
el consorcio empresarial extranjero <<Amazonía>> En materia
petrolera se diseño la estrategia de las alianzas estratégicas y los convenios
operativos, con los cuales se pretendía abrir las puertas de PDVSA al capital
internacional.
En el paquete de privatizaciones se incluye: CANTV, la cual es privatizada en 1991, la concesión es otorgada al
Consorcio VenWorld que ofreció 1.885 millones de dólares por el 40% de las
acciones de la empresa. Viasa la
línea aérea bandera de Venezuela es privatizada en 1991, la adquiere el grupo
español Ibera, Banco Provincial y la Sociedad Financiera
Provincial, quienes adquieren el 60 por ciento de las acciones por 145 millones
de dólares.
El 15 de septiembre de 1998, se concretó la
privatización del Sistema Eléctrico del
estado Nueva Esparta "SENECA" que alimenta a La Isla de Margarita, mientras
se esperaba la venta del Sistema Eléctrico de Monagas - Delta
Amacuro (SEMDA). El acueducto metropolitano de Caracas, de la liquidación de la empresa INOS (1991),
en 1992 se organiza un proceso de descentralización y privatización nacional de
los servicios, se utiliza financiamiento del Banco Mundial para la
rehabilitación del sistema, se organiza un proceso de licitación internacional
para la concesión del Acueducto Metropolitano, que fracasa al ser declarada
desierta. En 1993 se produce un proceso de tercerización
a través de la contratación de pequeñas empresas para la operación del
servicio: aducción, tratamiento, distribución
y mantenimiento de redes.
En cuanto al
servicio de aseo urbano en el municipio Libertador: en 1981 son firmados los
contratos de servicios con compañías privadas.
En 1984 se le entrega la concesión del servicio al municipio y este constituye
una mancomunidad con las empresas privadas. Para el manejo de los rellenos
sanitarios en 1998 se crea una
mancomunidad sector público y privado.
Otro caso lo constituye Aeropostal Venezolana, declarada en
quiebra el 27 de septiembre de 1994
a pesar que estaba incluida desde 1990 dentro del
cronograma de privatización contenido en el programa de racionalización de los
gastos del Estado venezolano. Sin embargo, en tres oportunidades fue
pospuesta la fecha de la venta de
Aeropostal. El 20 de mayo del 90, el FIV declaró desierta una subasta tras
inhibirse los inversionistas quienes alegaron, entre otras cosas, los onerosos
contratos colectivos y el exceso de personal. Finalmente, el gobierno la cerró
y ofreció en venta los activos, adquiridos por Nelson Ramiz, forma la firma Aeropostal Alas de Venezuela.
5.3.3.3.1.1.- La privatización en el Estado Zulia,
sigue los mismos pasos que el resto del país,
los ambulatorios dependiente (Sistema Regional de Salud) de Ejecutivo
Regional, fueron traspasados a micro-empresas que se encargan de su
funcionamiento y de la prestación del servicio.
En el sistema de vialidad, se aplico la creación de
peajes en las principales carreteras, luego de licitaciones se procedió a
entregar su recaudación a empresas privadas. Los peajes fueron establecidos en:
Puente Rafael Urdaneta, El Encanto, La
Chinita, Virgen del Rosario,
Nuestra Señora del Carmen, San
Rafael- Paraguachón y Puente sobre el río Limón. Competencias que recupera el
Gobierno Nacional, el decreto conjunto entre el Ministerio de Infraestructura y
el de Defensa donde se establece la eliminación de cobro de 42 peajes en todo
el territorio nacional, publicado en Gaceta
Oficial Nº 38.850.
Según la Agencia Bolivariana
de Noticias: “En Venezuela, después del proceso de descentralización neoliberal
iniciado durante el 2° gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) varias
gobernaciones del país construyeron una excesiva estructura de estaciones de peajes, ya que según la ley
vigente era una de las pocas modalidades que les garantizaban ingresos propios
a las regiones fuera del situado constitucional.
Un caso emblemático lo
constituyó el proceso de privatización de Enelven, la cual formaba parte de
paquete de empresas publicas a privatizar con la política de racionalización
del gasto, esta empresa después de varios intentos fallidos durante los segundos gobiernos de Carlos Andrés Pérez
y Rafael Caldera, siendo las empresas precalificada según la ley de licitaciones fueron las
estadounidenses AES, PSEG, Reliant, CMS y Enron, la argentina Pérez Companc,
las españolas Unión Fenosa e Iberdrola, por disposición del gobierno
Bolivariano fue suspendida en mayo de 2001, las razones expuestas obedecía que
era una empresa estratégica de servicio publico y fundamental para la soberanía.
El proceso de privatización
en servicio de recolección de basura
municipal, es entreverado y complicado, ya que esta comprende una gran variedad
de actividades, que dan desde la recolección, los depósitos de los desechos, y
la cobranza por los servicios. La municipalidad oriento su estrategia a la
asignación de concesiones, contratos a terceros y a la mancomunidad. Este
proceso se mantuvo el la gestión municipal de Jean Carlos Di Martino y se
mantiene en la actualidad.
La ruta seguida de la
privatización en las operaciones portuarias, se caracterizo por una acelerada
decisión, en el año
1999, se procede a la liquidación del
Instituto Nacional de Puertos, ente autónomo creado en año 1975 cuya finalidad
era llevar la administración del sistema
portuario nacional. Este proceso se llevo a cabo mediante resolución
ministerial No. 319 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), reformada por la No. 419, de fecha 1-10-91, la
cual facilitaba el traspasaba
actividades realizadas por el Estado al sector privado y se permitía la
conformación de empresas en la rama: Empresas
Operadoras Portuarias, Empresas Suministradoras de Recursos y Empresas de
Servicios Suplementarios.
Según José Pedro Sabatino P. (1999) en
la adjudicación de las operaciones portuarias se procedió a clasificar los puertos
“tres generaciones muy bien definidas por las funciones que ellos cumplen en
cada caso. Así el puerto tradicional que sirve tan solo como punto de
transferencia de las mercancías de tierra al barco y viceversa, constituye un
puerto de la
Primera Generación, este es el típico puerto que todos
conocemos. El puerto de la Segunda Generación es uno en torno al cual se
desarrolla un área industrial que recibe la materia prima, utilizada en la
producción, tal es el caso del complejo portuario industrial de Fos, en
Francia. Un puerto de Tercera Generación, en cambio, viene a ser un puerto que
descansa sobre el mercadeo y el intercambio electrónico de datos (EDI), y cuya
misión es la de convertirse en un centro logístico de distribución de cargas o
una plataforma de exportación/importación”.
El
saldo en esta materia fue dramático, toda la infraestructura construida durante
el proceso de industrialización fue
desmantelada dejando al sector petrolero indefenso para la realización de sus
operaciones marítimas y comerciales.
En
ese sentido, la ley sobre Bienes y Servicios Conexos a las Actividades
Primarias de Hidrocarburos establece que las actividades primarias vinculadas a
la explotación petrolera, deben de re-nacionalizan con la finalidad de
garantizar la soberanía. Entre estas actividades se encuentran los puertos y
muelles, que por competencias de esta ley, serán administrados por Pdvsa.
La lista de privatizaciones es
larga y trágica para la sociedad y la economía venezolana, análisis posteriores han develado el
desfalco, la corrupción y la perdida de la soberanía. Es necesario destacar que
el proceso de privatización y desnacionalización de la economía venezolana se
caracterizo por una profunda crisis económica, política y social. La historia
esta dando cuenta de este fenómeno y se esta escribiendo, los datos que salen a
la luz publicas dan cuenta de una estrategia programada y sistemática entre las
elites políticas en el poder, el silencio complaciente de las cúpulas
sindicales, el sector privada arrodillado ante el capital internacional.
En ese sentido, el Estado de Bienestar es
cuestionado, se dibuja una lógica de confiscación de la renta petrolera, se restringen el
ámbito de responsabilidad del Estado y
se replantea el esquema de lealtades políticas edificadas en el sistema
político de conciliación de los intereses de clases. En este momento de ruptura
paradigmática se produce el Caracazo, el 4 de Febrero y el 27 de Febrero, como
indicadores del descontento social.
5.3.3.3.2.-
Participación de los
trabajadores y trabajadoras en las empresas publicas/Segundo gobierno de Rafael
Caldera:
En este contexto los
escasos avances en materia de participación de los trabajadores y
trabajadoras en las empresas públicas
fueron olvidados como una estrategia de debilitamiento del movimiento sindical,
que mayoritariamente era coordinado desde las elites de Acción Democrática.
La colaboración entre las
elites sindicales, los operadores políticos del neoliberalismo y el sector
empresarial privado llega a su cisma en 1997,
con la conformación la
Comisión tripartita, mediante la cual legalizaron y legalizaron
la reforma del régimen de prestaciones sociales de los trabajadores. La
labor de la comisión tripartita quedó plasmada en un sistema de prestaciones
sociales que preveía, su pago anual y no al cese del desempeño laboral como se
hacía anteriormente y se estableció
cinco subsistemas de seguridad social, que jamás se concretaron.
Pero un logro importante
en materia de participación de los trabajadores y la trabajadoras en el
gobierno de las empresas publicas lo constituye la promulgación de Ley Orgánica
de prevención del medio ambiente y las
condiciones de trabajo, materializada el año de 1989, el cual permite la
conformación de los Comité de Seguridad industrial por parte de los
trabajadores y trabajadoras para garantizar las condiciones materiales seguras
para realizar sus funciones.
Es ese sentido se debe
destacar, que los trabajadores y trabajadoras juegan un rol fundamental, por
cuanto, deben participar en la elaboración de los planes y normativas de
prevención, seguridad, seguimiento a las mismas y realizar las notificaciones
de la terminación de la relación de trabajo ante el organismo competente (IVSS,
Inpsasel).
El delegado de prevención, es representantes de los
trabajadores, elegidos, en votación
universal y secreta, directas y libres para ejercer la vigilancia, control y
evaluación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Estos delegados
gozan de protección de la ley a través de la inamovilidad laboral y amplia
competencia frente el IVSS, Inpsasel.
A partir de este momento
el movimiento sindical reformista-socialdemócrata se desdibuja como orientador
del los trabajadores, sus cúpulas se deslegitiman y son cuestionadas desde el
mismo campo laboral. Al mismo tiempo que emergen de las periferias repuestas
organizativas alternativas como el Frente de los educadores Simón Rodríguez
para mencionar solo una.
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[1]
.- El año de 1958 se
caracterizó por diversos intentos de Golpes de Estado contra la Junta de Gobierno, una gran
cantidad de tensiones llevaron a cambiar la primera Junta a pocas horas de su
instalación. La incorporación de dos elementos demasiado cercanos a Pérez
Jiménez, calificados de esbirros, fue rechazada por la Junta Patriótica
y por aquellos que acompañaban a Hugo Trejo. Los dos personajes fueron
excluidos de la Junta
y se incorpora a Eugenio Mendoza, empresario, en la misma. El Ministro de la Defensa, Jesús María
Castro León se alza en el Cuartel San Carlos, el pueblo en la calle,
manifestaciones a favor de la democracia, evita que se consuma el retroceso.
Diversos golpes de estado llevan a dudar de la estabilidad del Gobierno, los
líderes políticos intentan moderar y calmar los ánimos de la población. Ciertos
miembros de las elites militares pretenden
alzarse con el poder. Lo que llevo a Hugo Trejo, fuera expulsado del país.
[2].- José María Pino Méndez: Norberto Bobbio. Democracia y voto blanco. Obtenido de http://ntrzacatecas.com/2009/06/24/norberto-bobbio-democracia-y-voto-blanco/ Consultado el 11 de Septiembre de 2012.
[3] .-
Cuando se hace referencia al Tercer sector, so se hace alusión a al Tercer
sector de la economía, sino a formas de organizaciones sociales sin fines de
lucro que se abrogan la representatividad de la sociedad civil.
[4] .- Una vez
nacionalizado el hierro, el 1 de enero de 1975, por el Presidente de la República; semanas
después, el día 21, estalló una huelga general de los trabajadores de la
industria del hierro nacionalizada.
[5]
.- De esta forma el
Banco Central pasa a controlar la compra y venta de divisa extranjera. Podría
decirse hoy en día que, de acuerdo a como está el valor del dólar, de viernes negro se pasó a viernes tenebroso, porque
para 1996 la divisa norteamericana se situaba oficialmente en 290 bolívares por
unidad y en el «mercado negro» rozaba los 500 bolívares, a la par del dólar Brady, que es el que
marca la pauta.
[6]
.- 10 Puntos del Consenso de
Washington. (2004). Obtenido de: http://contrapeso.info/2004/10_puntos_del_consenso_de_washington/.
Consultado 9 de Junio de 2012.
[7] .- Esta coyuntura permiten dar explicación al
fenómeno social conocido como el Caracazo, la rebelión militar del 4 de febrero
y las sucesivas movilizaciones del pueblo venezolano.
[8] .- Tomado de
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_Venezuela. Consultado: 9 de Junio de 2010.
Banco Zulia), Banco Principal, (anteriormente Banco
Principal de los Llanos), Banco Italo Venezolano, Banco Profesional, Banco Amazonas (anteriormente Banco
Insular), Bancor, Banco Barinas, Banco La Guaira (anteriormente Banco
La Guaira
Internacional) Banco
de Maracaibo, Banco Metropolitano, Banco Construcción (anteriormente, Banco de la Construcción y de
Oriente), Sociedad Financiera
Fiveca, Sociedad Financiera Confinanza, Sociedad
Financiera Cremerca, Banco
Consolidado y Banco de Venezuela.
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