El Estado colonial y burgués que heredamos, despojó a las comunidades y al Poder Popular del ejercicio de la justicia, centralizando, y burocratizando todo el aparato jurídico, al punto de no poder garantizar acceso y atención jurídica a las mayorías sociales. Esto se traduce en la ausencia de espacios populares para abordar los problemas socio jurídicos y de instituciones que a escala local atiendan esta materia; y en los casos que las instituciones del ámbito jurídico entran a resolver problemas de los ciudadanos, actúan desde criterios y valores que favorecen a los sectores burgueses y merman las posibilidades reales de justicia de las mayorías populares, impidiendo la concreción en la práctica, del nuevo modelo de Estado y de democracia participativa y protagónica; reproduciendo las estructuras del viejo Estado de Derecho cuarto republicano y su democracia representativa con las lógicas de dominación coloniales y capitalistas, con clara inclinación y privilegio hacia los sectores burgueses.
No existiendo instancias legitimas de resolución de conflictos, la violencia se convierte en un recurso cotidiano para resolver las controversias en la mayoría de los escenarios sociales.
La vieja estructura del Estado burgués permanece aún en el escenario actual, y sus actores enquistados en las estructuras de poder, sirven a la burguesía, logrando una impunidad casi plena. Este aparato arremete contra los sectores populares, convirtiéndose en uno de los principales enemigos de sus luchas por llegar a una justicia socialista.
Las escuelas de derecho tradicionales y funcionarios de justicia, identificados con la clase burguesa inclinan la balanza del aparato de justicia a favor de la burguesía; sumado a esto, el poder económico que esta clase social tiene para comprar a funcionarios de todos los niveles; desde el secretario del tribunal, hasta el juez o posteriormente a los funcionarios del sistema penitenciario; su poder para contratar a más de un bufete de abogados, mientras las personas de escasos y medianos recursos tienen que conformarse muchas veces con un funcionario público abarrotado de casos.
Y por último, la disposición de la burguesía criminal de eliminar incluso físicamente (llegando a algo tan poco visto en nuestro país como el acto de asesinar con una bomba) como ocurrió con el Fiscal Valiente Danilo Anderson, por lo que el pueblo venezolano resolvió transformar a través del ejercicio del Poder Constituyente Originario la refundación de la República, pero que no se ha logrado transformar realmente desde el Poder Popular conforme a ese mandato, Por ahora.
Palabras clave: Justicia, Poder Popular, Poder Constituyente.
Summary
The colonial and bourgeois state we inherited, took away the communities and the People's Power from the exercise of justice, centralizeding and bureaucratizeding the entire legal apparatus to the point of being unable to ensure access and legal attention to the social majorities. This results in the absence of popular places solver to legal and social problems and from to apparoach this issue locally, and in cases where legal institutions come to solve problems of citizens, working from criteria and values that are in favor bourgeois sectors and undermine the real possibilities of justice of the popular majority, stopping the realization in practice. Of rules of the law in the fourth Republic and representative democracy; with the logic of colonial and capitalist domination, and privilege with a clear inclination towards the bourgeois sectors.
There is no legitimate instances of conflict resolution, violence becomes an everyday resource to. Resolve disputes in most social settings.
The old structure of the bourgeois state is still in the current scenario, and its actors grabbed in power structures, serve the bourgeoisie, achieving an almost complete impunity. This device attacks the popular sectors, becoming one of the main enemies of their struggles to reach social justice
The traditional law schools and law officials identified with the bourgeois class push the balance of justice in favor of them, in addition to that, the economic power that this class has to buy staff at all levels, from the clerk of court until the judge or later to prison officials, their power to hire more than one law firm, while people of low and moderate-income neighborhoods often have to resign themselves with a crowded with cases public official.
And finally, the disposition of the criminal bourgeoisie to eliminate even physically (getting to something so little seen in our country as the act of murder with a bomb) as happened with the brave Prosecutor Danilo Anderson, so the Venezuelan people y decided to transform the exercise of constituent power. In ordenato refound the Republic, but it has not been achivefrom the People's Power in accordance with that mandate, for now.
Key words: Justice, People Power, Constituent Power.
La propuesta que le entregamos al Pueblo Bolivariano de Venezuela y a nuestro Presidente Comandante Hugo Chávez Frías fue elaborada a partir de nuestras vivencias, las experiencias en el proceso de formación en la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre, el diálogo de saberes y el desarrollo de nuestro trabajo en y con las comunidades; que nos permitió profundizar en el conocimiento y la reflexión de nuestras realidades, las percepciones comunitarias sobre la justicia, las posibilidades y condiciones de los sectores populares para acceder a la atención jurídica y su relación con el sistema judicial; así como las principales debilidades en las políticas públicas en el abordaje de las problemáticas socio-jurídicas existentes.
Asumiendo el reto que nos impone el momento histórico de ser sujetos participes en la transformación de nuestras propias realidades, y como pueblo, nacidas y nacidos en el seno de las comunidades donde se vive aún la herencia de siglos de marginación y opresión, e impedidos muchos de nosotros y nosotras no sólo del derecho a los estudios universitarios, sino de otros tantos derechos que el sistema capitalista no garantiza realmente a las mayorías sociales, como lo es el derecho inalienable a la Justicia; hemos realizado el trabajo de recoger y sistematizar nuestras experiencias comunitarias para construir conocimientos y propuestas colectivas que esperamos sean un aporte en el camino de la construcción del socialismo que haga posible la justicia social exigida por nuestros pueblos.
Estamos conscientes de nuestro deber en la lucha, como abogados y abogadas socialistas, por la deconstrucción de las estructuras obsoletas e injustas del sistema jurídico burgués y neocolonial aún vigente; impulsando desde el Poder Popular la construcción de lo que hemos concebido como justicias comunitarias y un nuevo sistema jurídico nacional, acorde a nuestra realidad pluriétnica y multicultural, a nuestro modelo de democracia participativa y protagónica, y a nuestro Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia, sustentado en los principios, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada el 15 de diciembre de 1999, por referendo popular.
Como una contribución de las y los graduandos de la primera y segunda promoción de abogadas y abogados de la Universidad Bolivariana de Venezuela, acorde con la actual corriente histórica de procesos constituyentes de nuestros pueblos del ABYA YALA, presentamos como Trabajo Especial de Grado el Proyecto: MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA, desde el cual pretendemos divulgar con palabras sencillas los conocimientos, experiencias e ideas que hemos construido en y con nuestras comunidades hechas universidad y nuestra universidad hecha comunidad, convertidas en un proyecto que esperamos sirva a la transformación revolucionaria de la realidad socio jurídica venezolana, de cara a las exigencias de justicia de nuestros pueblos.
La Universidad Bolivariana de Venezuela tiene entre sus misiones:
Promover la investigación-acción participativa, crítica y transformadora. Formar nuevos profesionales con compromiso, responsabilidad social y un enfoque político-ideológico, consecuente con nuestro proceso revolucionario, que rompa con la alienación capitalista de los modelos de educación opresora; encaminado a generar la transformación de las estructuras y cultura colonial-burguesas, consolidadas en nuestro país por las élites económicas y políticas cuarto republicanas, bajo la falsa democracia representativa y manejados cual marionetas por el imperio norte americano.El Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos (PFG-EJ) de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) se desarrolla en 19 Estados del país (255 municipios) en sedes y ambientes municipalizados, como un desarrollo concreto de las políticas de igualdad e inclusión, generadas por el Gobierno Bolivariano de Venezuela en materia educativa.
Guiados por los Principios de la educación bolivariana y de nuestro maestro Simón Rodríguez, en este Programa de Formación desarrollamos un proceso de enseñanza-aprendizaje vinculado a la práctica, mediante procesos de interacción comunitaria que contribuyen a la formación de abogados y abogadas, vinculados y vinculadas a las demandas populares.
Con estos principios y sustentados en un modelo de educación emancipadora, en todos los años de nuestra formación, realizamos un Proyecto socio-jurídico a través de la investigación acción participativa, desarrollado desde y para las comunidades, constituyendo así el ambiente fundamental para la reflexión y transformación de la realidad por parte de los y las estudiantes, docentes y comunidades, en un proceso dialógico de conocimientos, prácticas y saberes.
El cuarto y último Trayecto (o año), constituye la última etapa de nuestra formación en los Estudios Jurídicos, y se lleva a cabo la cuarta fase de la Unidad Integradora del proyecto socio-jurídico denominada: “JUSTICIA COMUNITARIA”, que corresponde al desarrollo teórico-práctico en las comunidades, de la línea de investigación: “ATENCIÓN JURÍDICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS”.
Se prioriza en estos procesos el diagnóstico para la atención de los problemas socio jurídicos concretos de las comunidades y sus integrantes, y la investigación de las causas, dimensiones colectivas, y complejidades de las problemáticas; promoviendo la acción transformadora, participativa, para la solución de los problemas estructurales, originados en su mayoría en la conflictividad propia del sistema capitalista. Se busca de esta manera superar el asistencialismo y el reformismo, brindando una respuesta real y efectiva a las mayorías, sin dejar de atender los problemas particulares.
En el mismo sentido y con el fin de ofrecer un acompañamiento político-académico a los y las estudiantes, docentes y comunidades en las cuales se desarrolla el proyecto socio-jurídico; así como, a las y los abogados y abogadas de la UBV, se aprueba por parte de las autoridades de la Universidad, a solicitud del Consejo Nacional de Coordinación del Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos con participación de estudiantes, profesores y coordinadores de 19 estados del país, el proyecto de creación del SISTEMA NACIONAL ORGANIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO (SNOA).
El SNOA, tiene entre sus objetivos fundamentales:
Promover la organización de los abogados y abogadas de la UBV para ampliar las fuerzas colectivas nacionales de base popular, capaces de transformar las realidades socio–jurídicas del país y aportar en la integración de Nuestramérica.
Mantener los vínculos y dar continuidad a los procesos de formación y construcción de saberes de los abogados y abogadas graduados en la UBV, así como su articulación a los procesos de investigación acción participativa en proyectos socio-jurídicos populares y comunitarios.
Generar investigaciones colectivas nacionales a través de la sistematización de los proyectos locales – comunitarios de los graduandos de todo el país, a fin de que la articulación de éstos: favorezca la construcción de Trabajos de Grado Nacionales, que desde la metodología de la IAP, resulten de procesos de encuentro, discusión y sistematización de diagnósticos, conocimientos y experiencias para concretar proyectos de dimensión regional y nacional, desde los que se puedan atacar las causas estructurales de los problemas comunitarios que trascienden la dimensión local.
Promover una inserción laboral organizada y orientada a atender los problemas fundamentales de la sociedad que vamos diagnosticando desde las investigaciones nacionales, evitando que ésta responda a los puros intereses individuales desde una perspectiva liberal, capitalista. Tiene como premisa que: la comunidad sea la Universidad y la Universidad sea la comunidad y que los abogados y abogadas del PFG-EJ de la UBV sean una fuerza legítima de promoción y transformación del Sistema de Justicia y de las Políticas Públicas, para el ejercicio del Poder Popular en la construcción de una Justicia Socialista - Comunitaria.
Producto de este proceso se logró el proyecto que presentamos, a partir de la primera sistematización de la investigación comunitaria y análisis crítico de las realidades socio-jurídicas: locales, estadales, regionales, nacionales e internacionales, que partió de las comunidades en las que desarrollamos proyectos las dos primeras promociones de abogados y abogadas de la UBV, en los estados: Zulia, Falcón, Aragua, Bolívar, Monagas, Miranda y Distrito Capital.
DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD SOCIO JURÍDICA VENEZOLANA DESDE PROYECTOS COMUNITARIOS.
En el proceso de sistematización nacional de los proyectos comunitarios de la primera y segunda promoción de abogados y abogadas de la UBV que hemos llevado a cabo, se recogen principalmente una serie de problemas y reflexiones críticas que resultan comunes o reiterados en la mayoría de los diagnósticos de los proyectos locales, las cuales describimos a continuación:
Ausencia de espacios reales de participación de la comunidad, organizaciones y sectores sociales, en la planificación y gestión de las políticas públicas para la atención jurídica y el acceso a la justicia. No se han generado los mecanismos para que la población logre una real y protagónica participación en la elaboración de políticas públicas en el ámbito jurídico. Ausencia de atención jurídica a las comunidades. Las comunidades en los ámbitos locales no cuentan con instituciones que apoyen a la población en la asistencia jurídica gratuita que requieren, cuando es el propio Estado que les genera dependencia al imponerles un modelo de justicia completamente centralizado, que despoja a las comunidades de la posibilidad de hacer justicia, al reservarse prácticamente toda la potestad de administración de justicia al Poder Judicial y al Poder Ciudadano, sin establecer mecanismos de participación popular efectivos para la contraloría social de estos Poderes Públicos. Las pocas instancias de atención jurídica a escala comunitaria no logran la cobertura necesaria ni prestan un servicio adecuado a las realidades locales; y no son sometidas al control social que exige nuestro nuevo modelo democrático. Falta de políticas públicas que garanticen el empoderamiento de los y las ciudadanas sobre el conocimiento de los instrumentos normativos que establecen derechos y deberes, principalmente en las comunidades retiradas de los centros urbanos. Son las Misiones Educativas uno de los instrumentos que empiezan a cambiar esta situación, desde el empeño del Gobierno Bolivariano por romper la lógica centro-periferia propia del capitalismo a través de una política de desconcentración de la Administración Pública. La justicia no es gratuita ni accesible a todos los ciudadanos; aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo establece y en estos 10 años de revolución se han realizado grandes avances en la gratuidad del acceso a la justicia; todavía, para acceder a ésta se requiere el traslado hasta los centros urbanos donde están ubicadas las instituciones de la administración de justicia y hacer innumerables trámites que exigen recursos económicos de los que la mayoría de la población más vulnerable no dispone. Por lo que no se ha logrado aún una verdadera política pública de gratuidad en esta materia y el sistema capitalista sigue inclinando la balanza de la justicia a favor de los económicamente privilegiados. Poca disposición de participación comunitaria en las políticas públicas del campo jurídico por falta de credibilidad en las instituciones de justicia y por la formalidad que les ha caracterizado; además del blindaje histórico que sobre ellas se ha hecho, con la manipulación de los principios de “neutralidad” y “objetividad” que utilizan para sacarlas del debate socio-político, colocándolas y reafirmándolas con estos conceptos en el plano ideológico neoliberal. Falta de sensibilidad social por parte de funcionarios públicos y de reconocimiento por éstos, de los derechos de todas y todos los ciudadanos. Muchos funcionarios dan un trato despectivo y actúan negligentemente en los procesos y solicitudes de las clases sociales de más bajos recursos. Esta falta de conciencia y sensibilidad social son mayores cuando se trata del trabajo con los pueblos indígenas, constituyéndose en violaciones permanentes de los derechos que les garantizan sus modos de vida, cultura y territorios. Cuando la administración de justicia asigna un abogado o abogada, la atención gratuita es lenta (retardo procesal) por la sobrecarga de trabajo que tienen estos funcionarios, y la mayoría de las veces desigual, cuando la contraparte tiene condiciones económicas para pagar uno o varios abogados privados que marcan una diferencia sustancial en un juicio. Se presentan vicios procesales, funcionarios encargados de “impartir” justicia, se prestan para actos de corrupción, que favorecen a los sectores, económica y políticamente dominantes. Se ubica como deficiencia la permanencia de la representatividad como práctica política, en lugar de la democracia directa y participativa en los procesos vinculados a la consecución de la justicia. Carencia de lineamientos, mecanismos o voluntad política por parte de los entes de la administración de justicia en la profundización de la contraloría social y en general, la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de las políticas públicas como establece el artículo 62 de nuestra Constitución. Pese a los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional en generar equidad en el acceso a los bienes y servicio que son administrados por el Estado; El mal manejo principalmente en instancias de gobierno regionales y municipales, hace que en los sectores más pobres se presenten deficiencias en los servicios básicos como (aseo, aguas servidas, electricidad, entre otros) violándose sus derechos; haciendo evidente un sesgo de discriminación económica en la prestación de servicios por parte de algunas instituciones del Estado, puesto que los mismos servicios funcionan en condiciones más favorables en los centros urbanos y sectores económicamente favorecidos. Evidenciando así la lógica capitalista, la pertenencia e intereses burgueses de muchos funcionarios que habitan precisamente en los sectores favorecidos. Persistencia de un sistema burocrático en los trámites administrativos, que dificultan la concreción de los derechos de los y las ciudadanas. La administración de justicia no ha logrado políticas efectivas para erradicar la centralización y concentración en sus aspectos funcionales y operativos que faciliten el empoderamiento popular comunitario; a ello se suman las debilidades en la legislación para el sustento de políticas públicas efectivas en esta materia que permitan el bienestar colectivo. Problemas de violencia en las relaciones sociales cotidianas: vecinales, comunitarias, intrafamiliar y de género, entre otras, que no encuentran espacios adecuados de resolución de conflictos, atención o canalización idónea. La incidencia de la falta de espacios y mecanismos para la resolución de conflictos en el uso de la violencia para resolverlos, aumentando la criminalidad. Problemática socio-jurídica y cultural indígena, sin un tratamiento adecuado por el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y en general todas las estructuras del Estado, cuyos funcionarios no han sido formados para el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de nuestra sociedad y el necesario respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, después de siglos de dominación cultural, marginación y desconocimiento. La elitización de la carrera judicial que parte de las propias escuelas de derecho tradicionales, y el distanciamiento de los funcionarios de justicia del padecer y de la vida de los sectores populares. Todo esto contribuye a la impunidad de la burguesía y a la criminalización de los sectores populares y sus luchas. Los centros penitenciarios heredados de la cuarta república, a pesar de los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional, siguen constituyéndose en espacios para la formación delincuencial, y las personas que entran por delitos menores, se ven forzados a aprender los más graves crímenes como sistema de defensa en ese medio. Otro problema relativo a los centros penitenciarios son las fallas en la separación de los privados de libertad por edades, niveles de agresividad y delitos cometidos; no hay una clasificación adecuada de las personas detenidas, procesadas, o condenadas, situación que genera mayor vulnerabilidad en los centros de reclusión. La legislación favorece la acción punitiva y no preventiva del Estado en materia de justicia.El objeto de estudio de esta investigación hace referencia a la necesidad del cambio del sistema de justicia venezolano actual, por lo que los egresados del PFG en Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela hemos denominado sistema de justicia socialista en donde se promueva y fortalezca la participación popular en la transformación de la realidad socio-jurídica nacional para la consecución de los derechos y la justicia socialista, profundizando los ejercicios de Poder Constituyente de comunidades y movimientos sociales con el fin de consolidar una plataforma popular de parlamentarismo social,y el desarrollo de procesos dirigidos a la atención jurídica gratuita e integral de las personas, colectivos y sectores sociales desde y en sus propias comunidades, orientados a hacer efectivo el derecho humano y constitucional de acceso a la justicia, construyendo una red primaria de justicia social - comunitaria.
Formación e investigación socio jurídica:
Ampliar los procesos de formación y socialización de información en el campo socio jurídico, favoreciendo la comprensión y aprovechamiento popular de las leyes, apoyados en la nueva plataforma de universidad municipalizada y el nuevo currículo bolivariano.
Generar y fortalecer procesos de investigación acción participativa que favorezcan la sistematización de las experiencias y conocimientos populares de las prácticas orientadas a la construcción de justicia social y el ejercicio del poder constituyente.
Democracia Protagónica Revolucionaria desde el campo socio - jurídico
Contribuir en la consolidación de la Democracia Protagónica Revolucionaria planteada en el Primer Plan Socialista Libertador Simón Bolívar, el ejercicio directo de la soberanía sobre los asuntos públicos, especialmente mediante la promoción de la participación popular en la construcción de las leyes y políticas públicas del área jurídica.
Apoyar los procesos de constitución y fortalecimiento de los espacios de organización y ejercicio de poder comunitario como son los consejos comunales y las comunas, favoreciendo sus ejercicios de poder constituyente.
Brindar apoyo a los espacios de participación popular en el campo socio–jurídico, como las Mesas Técnicas y Comisiones Jurídicas (o de justicia) de los Consejos Comunales y organizaciones o sectores sociales.
Apoyo jurídico al poder popular y atención de grupos vulnerables.
Brindar a las comunidades, movimientos, sectores y organizaciones sociales, así como a los consejos populares de trabajadores, campesinos, estudiantes, entre otros, apoyo en el campo socio-jurídico, en lo atinente a sus demandas sociales de transformación del ordenamiento jurídico, en la reivindicación de sus derechos sociales o colectivos, en las acciones frente a la criminalización de las luchas populares y contra la impunidad de la elite burguesa.
Promover el acceso a servicios profesionales en el campo jurídico, favoreciendo la creación de una red primaria de atención jurídica gratuita, desde las comunidades, sectores y organizaciones sociales.
Formular proyectos específicos destinados a la atención de sectores sociales y grupos vulnerables que requieran prioritariamente atención jurídica gratuita para el acceso a la justicia.
Contribución a políticas públicas en el campo jurídico:
Generar procesos de formación y prácticas tendientes a contribuir con el desmonte del Estado colonial – burgués.
Contribuir con las políticas de Estado destinadas a la promoción de la inclusión social, específicamente en el campo socio-jurídico, generando rupturas con las lógicas de exclusión centro – periferia, conforme a la cual las instituciones funcionan centralizadamente y sólo las personas que llegan hasta ellas son atendidas.
Generar campañas, apoyar las políticas de Estado y formular proyectos dirigidos a favorecer la resolución amistosa y pacífica de los conflictos entre las personas, como aporte necesario en la consecución de la seguridad ciudadana y al desarrollo de un “sistema de justicia” que hasta ahora sólo se ha centrado en la solución judicial de los conflictos.
Promover propuestas desde el poder popular para el ajuste del sistema de justicia venezolano a las demandas de justicia social y exigencias frente a la impunidad.
Transformación radical de la ética profesional:
Promover una transformación radical de la concepción de la profesión de Abogado y su ejercicio, a partir de una nueva ética profesional, que la aleje de la mercantilización capitalista, para construir un verdadero referente de profesional al servicio de la justicia, comprometidos con quienes padecen la opresión, marginación o exclusión, y especialmente con la superación del modelo de sociedad burguesa y las relaciones de poder que reproducen la injusticia.
Defensa popular de la soberanía nacional:
Contribuir en la defensa popular de la soberanía nacional desde la dimensión socio jurídica, fortaleciendo la conciencia y participación popular del pueblo como actor protagónico en las acciones jurídicas nacionales e internacionales en resguardo del derecho de autodeterminación de los pueblos.
Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública
III-3.6.1 Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental y sistémica de los órganos públicos
III-3.6.2 Incrementar los niveles de capacidad y conocimiento del funcionario público
III-3.6.3 Implementar la simplificación de trámites administrativos a todos los niveles
III-3.6.4 Instaurar y aplicar sistemas de evaluación de gestión de organismos y funcionarios
III-3.6.5 Promover los principios de coordinación y cooperación inter-orgánica de la administración pública a todos los niveles
III-3.7 Construir una nueva ética del servidor público
III-3.7.1 Crear estímulos a los servidores públicos
III-3.7.2 Ofrecer formación para su mejoramiento
III-3.7.3 Cambiar la cultura actual del servidor público
Conclusión
Nuestra carta magna. Vigente desde 1999, consagra en el artículo 2 que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Y en el Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:1.No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.2.La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Tomado en consideración las premisas fundamentales de nuestra carta magna hemos propuesto la refundación de la republica bajo principios de solidaridad, “igualdad socialista, justicia socialista, como base fundamental de poder construir verdaderamente un estado Estado democrático y social de Derecho y de Justicia socialista.
Referencias bibliográficas
· ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 5453 Extraordinaria del 24 de marzo de 2000.
· Universidad Bolivariana de Venezuela. (2008). Sistema Nacional de Acompañamiento y Organización de las y los estudiantes del Cuarto Trayecto y de las y los egresados del Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos. Caracas: autor
· Universidad Bolivariana de Venezuela. (2007). Documento del Programa de formación de grado en estudios jurídicos. Caracas: autor
· República Bolivariana de Venezuela Presidencia. (2007) Proyecto Nacional Simón Bolívar primer plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 2007-2013 caracas: autor
· Propuesta construida por: la primera y segunda promoción de abogados y abogadas de la universidad bolivariana de Venezuela– Misión Sucre. (2010).proyecto misión justicia socialista. trabajo especial de grado no publicado, Universidad Bolivariana de Venezuela, caracas, Venezuela.
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