STRATEGIC THINKING OF PUBLIC HEALTH POLICY IN VENEZUELA
RESUMEN
Este artículo se realizó con el objetivo de establecer la salud como un concepto integral de bienestar físico, psicológico y social, y que, por supuesto, es mucho más que la atención médica, sea ésta ambulatoria y hospitalaria. La gente suele creer que la salud está mal porque los hospitales no funcionan. Ciertamente es mucho más dramático el momento del hospital, porque generalmente representa la etapa del proceso donde se percibe que la gente se muere o se cura. En todo este panorama, la presencia o ausencia del Estado no deja de tener efectos definitivos. El método utilizado es el documental, dándonos cuenta que el Plan Estratégico Social es un instrumento de planificación política, creado para desarrollar capacidad de conducción estratégica y la viabilización de cambios sustantivos en las condiciones de calidad de vida y salud de la población venezolana.
Palabras Claves: Pensamiento, Estrategias, Políticas Públicas, Salud, Venezuela
Abstracts
This article was written with the aim of establishing health as a holistic concept of physical, psychological and social, and, of course, is much more than medical care, whether ambulatory and hospital care. People often believe that health is bad because hospitals do not work. It is certainly much more dramatic when the hospital, because they usually represent the stage of the process where it is perceived that people die or are cured. Throughout this scenario, the presence or absence of the rule is not without its ultimate effects. The method used is the documentary, realizing that the Strategic Social Plan is a policy planning tool, designed to develop capacity for strategic management and the facilitation of substantive changes in the conditions of quality of life and health of the Venezuelan population.
Key words: Thinking, Strategy, Public Policy, Health, Venezuela
INTRODUCCION
A fin de comprender el futuro es necesario analizar el presente, mirar y recordar el pasado para establecer los retos que tienen los responsables de la salud pública de cara al siglo 21.
De entrada es importante reconocer que se ha avanzado algo en la salud de la gente tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados. Como señala (Val-Pardo 2007) Las necesidades de cuidados de salud hospitalaria que requiere la población se producen y prestan, vía iniciativa pública o privada, a través de centros hospitalarios de distintos alcances. Que la propiedad de los bienes de producción sea pública o privada radica en la presencia necesaria del Estado para atender objetivos que le son propios en cuanto a organización, y por constituir una de las necesidades públicas definidas por la Constitución, las leyes y el proceso político.
Mientras se puede afirmar que todas las organizaciones empresariales son públicas, el capital es exclusivamente privado. La primera aseveración responde a que las decisiones políticas de los gobiernos respectivos afectan al proceso y comportamiento de todos los órganos y áreas de responsabilidad del sistema económico-social; de aquí que la antinomia “público-privado” no exista (Val-Pardo 2007).
La dicotomía reside sólo en la fuente de provisión del capital y en la sujeción al derecho.
Es evidente entonces que la fuente del capital que las sustenta puede ser pública (por vía de impuestos, tasas y donaciones; los responsables públicos son meros gestores del mismo si bien toman las decisiones de aplicación ya que, según dicen, “actúan en nombre del ciudadano”), privada (socios, accionistas) o mixta; y el interés primario respectivo es el bienestar, el beneficio o el valor de las acciones (Val-Pardo 2007)
La actividad hospitalaria pública y privada está unida desde el siglo XVIII, en que los médicos iban gratuitamente a los hospitales-asilos para destinar parte de su tiempo y saber a los enfermos pobres de la comunidad, tras obtener sus honorarios de los enfermos particulares, hasta que en el siglo XIX los especialistas acuden a los centros hospitalarios cobrando muy poco pero obteniendo conocimientos y reputación, lo que les permite atraer pacientes privados e incrementar sus ingresos en la prestación privada.
Es entonces según (OPS, 2006) que producto de la implementación de políticas económicas prescritas desde los centros capitalistas mundiales, por parte de los gobiernos que dirigieron el estado venezolano a través de un sistema democrático de forma y no de contenido, se produjo un deterioro acentuado y progresivo de las condiciones de vida de la mayoría de los venezolanos. Es por ello que paradójicamente, a pesar de contar el país con inmensos recursos naturales y cuantiosos ingresos financieros, provenientes fundamentalmente de la renta petrolera, la pobreza de la población creció y por ende se profundizaron cada vez más las brechas de inequidades sociales.
La salud pública había estado manejada desde la perspectiva médica, con un modelo de gestión, organización y atención orientado a la enfermedad y con menor énfasis en la promoción de la salud y la calidad de vida-enfoque contrario a los principios de Atención Primaria en Salud (APS). El resultado de esta orientación fue la configuración de un modo de atención centrado en una capacidad limitada de la oferta de servicios, desarticulado y poco productivo, que estaba organizado alrededor de la atención hospitalaria y curativa, con baja cobertura y una atención primaria prácticamente inexistente, con diferentes horarios y sistemas de consultas que afectaban la calidad, accesibilidad y oportunidad de la respuesta. Se trataba de un modelo de atención parecido a los que predominaron en muchos países europeos durante el siglo veinte.
El valor de los servicios hospitalarios públicos lo asigna el ciudadano por medio de tres vías: la calidad percibida, la percepción de utilidad y el nivel de satisfacción al ver sus expectativas satisfechas.
En este sentido el concepto de salud según lo señala (Granda, 2004) citado por Ortuno se debate o dialoga entre las ciencias de la salud dominadas por el discurso médico y de la enfermedad y el discurso de las ciencias sociales que ha logrado avanzar superando múltiples problemas y es esta diatriba, la que subyace en la llamada “crisis de la Salud Pública” definida como la incapacidad de la mayoría de las sociedades para promover y proteger la salud en la medida de sus circunstancias históricas. El paradigma científico que aún domina el campo de la salud pública y que se reproduce en los ámbitos universitarios, se caracteriza por explicar la salud desde el presupuesto filosófico y teórico de la enfermedad, utilizando para su abordaje el método positivista para explicar el riesgo de enfermar la población y el estructural-funcionalismo para comprender la realidad.
El sistema público de salud heredado por el gobierno bolivariano se caracterizaba por: desinversión social, privatización directa e indirecta, relación salud-mercado, modelo curativista de atención, crecimiento de establecimientos privados, deterioro de la infraestructura pública, ausencia de mantenimiento preventivo, organización del trabajo para satisfacer gremios y sindicatos, desarticulación y fragmentación del sistema de salud, abandono del protocolos de diagnóstico y tratamiento, abandono de la atención de primer nivel, salarios poco atractivos (OPS, 2006).
Estas y otras deficiencias se fueron acumulando a lo largo de los años, y expresan la consecuencia de la implementación de las políticas neoliberales que apostaban por la desinversión en los sectores sociales del país y que significaron el desmantelamiento de los servicios públicos. La inversión pública en los servicios de salud se fue deteriorando a partir de los años sesenta, lo que afectó la implementación de programas de prevención y atención a los problemas prioritarios de salud de la población rural y de las poblaciones urbanas marginales cada vez más numerosas (OPS, 2006).
Con el advenimiento del presidente Hugo Chávez al poder en 1999, el proceso de reforma neoliberal que se estaba imponiendo en el país desde el gobierno de Carlos Andrés Pérez se detuvo, las llamadas leyes Caldera que promovían la privatización del sector salud como en el caso colombiano fueron revertidas. Con la aprobación a través de un proceso constituyente de la nueva carta magna, se opuso a la concepción de la salud como producto del mercado, la concepción de esta como derecho social fundamental vinculado al derecho a la vida (Armada, 2001). Esta concepción de la salud fue blindada con los principios establecidos en la Constitución Nacional referidos a la gratuidad, universalidad, integralidad equidad, integración social y solidaridad (Constitución Nacional, 1999).
Aspectos Políticos Normativo
La (CRBV ,2001) en su Art. 83 establece que, la salud es un derecho social fundamental, obligación del estado, que lo garantizara como parte del derecho a la vida.
El derecho a la salud es materia de tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos por Venezuela, con jerarquía constitucional que prevalecen como normas en el orden interno. En estos instrumentos la salud es un derecho humano fundamental indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos como necesidad inherente a la existencia de las personas y a su condición de ciudadanía (Ojeda).
En referencia a lo antes planteado; el derecho a la salud puede analizarse con base en cuatro derechos articulados:
1.- El derecho a la vida, entendido como la básica protección de la vida de las personas por parte del estado y de la sociedad en su conjunto.
2.- El derecho al bienestar y a la calidad de vida, entendido como la realización de los proyectos de vida de las personas en las mejores condiciones posibles y con todos los medios disponibles.
3.- El derecho a la atención, en términos de la atención y prevención de las enfermedades que atentan contra la realización de la vida.
4.- El derecho a la participación ciudadana en salud, entendida como el favorecimiento del ejercicio de la ciudadanía y la autonomía, en términos del poder de decisión y de acción, individual y colectiva, en todo lo relacionado con la salud.
El Estado venezolano definido en la Constitución Bolivariana como un Estado social de derecho y de justicia, marcó distancia con el tobogán neoliberal en el cual se deslizaban los gobiernos de la llamada cuarta república y comenzó a implementar políticas públicas guiadas por el principio ético y político de la inclusión social para la superación de las profundas inequidades heredadas (Constitución Nacional, 1999).
En relación con este último, las políticas públicas se definen como el marco donde los individuos, las organizaciones, las empresas y las asociaciones de una comunidad pueden ejercer su actividad y condicionan además la forma y el contexto en el que se desenvuelven nuestras vidas. Las políticas tienen que ver con los procesos y el poder para situar los valores (recursos e ideas) en la sociedad ( Rivero, 2007).
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